Datos de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial indican que, en 2019, la Economía del Dato alcanzó en España un valor estimado de 29.700 millones de euros y representó un 2,5 % del PIB. A raíz de la pandemia, estas cifras se han incrementado al calor de una transformación digital acelerada.
Como explica en una entrevista con Innovaspain Luis Ignacio Vicente, consejero Estratégico de PONS IP, las previsiones dicen que en 2025 ese valor podría dispararse hasta los 54.400 millones de euros y representar un 4,1 % de PIB, “siempre y cuando se cree el entorno legal, político y de financiación adecuado”.
Por otro lado, según los resultados obtenidos por este periódico en una encuesta reciente llevada a cabo entre responsables de datos de empresas españolas con más de 50 empleados, la mejora de las políticas de Gobierno del Dato se encuentra en el top tres de sus prioridades.
Más de un 90 % de las compañías consultadas tienen previsto incrementar el presupuesto destinado a ello. Sólo un 70 % de estos responsables admite contar con una estrategia de Gobierno del Dato ya definida, pero el 100 % señala que están inmersos en el desarrollo de la misma.
El dato como negocio
Como apunta Luis Ignacio Vicente, en los últimos tiempos “hemos pasado de no tener conciencia del valor de los datos, más allá de la gestión de datos personales, a considerarlos un activo estratégico que no hay que compartir”. “El modelo tiene que evolucionar. Debemos ir hacia un equilibrio basado en la creación de plataformas digitales en las que sea posible el intercambio de datos no personales y recibir a cambio un precio justo y un acceso a información útil para mi organización”.
A su juicio, las empresas españolas aún no son del todo conscientes de este potencial. “Siguen asociando la gestión de los datos a los asuntos vinculados con los datos personales y la privacidad. Sin duda, son puntos a priorizar, pero hay mucho más. Es necesario considerar la posibilidad de generar negocio a través de una gestión adecuada de los datos”.
Estrategia y legislación
El consejero Estratégico de PONS IP añade algunos retos a superar dentro del contexto de la gobernanza de datos. “Nos tenemos que hacer preguntas estratégicas del tipo: ¿qué información nos interesa compartir?; ¿cómo podemos evolucionar nuestra organización y las de nuestros clientes hacia una data-driven-company?”
En el terreno jurídico, Vicente llama a poner el foco en la importancia de conocer los marcos regulatorios a nivel nacional e internacional para explotar los datos con seguridad jurídica. “Resulta fundamental tener una regulación favorable para gestionar los datos como activo intangible y para promover su compartición”. En este punto, destaca iniciativas promovidas desde la Unión Europea para compartir datos en la nube como Open Space Data, Gaia X o los sandboxes de inteligencia artificial promovidos desde diferentes sectores.
Desde el punto de vista técnico, el experto considera que es preciso decidir la mejor alternativa en el almacenaje de la información. “Los datos han de ser protegidos con un sistema de información adecuado y hay que determinar mecanismos para intercambiar esta información con terceros”.
Pese a las actuales carencias, Luis Ignacio Vicente dibuja un panorama en el que prima el optimismo. “No estamos en la mejor posición, pero disponemos de margen para cambiar. Para desarrollarse, la Economía del Dato necesita servicios de infraestructura para almacenar y procesar datos, una arquitectura para compartirlos entre los diferentes actores, y conectividad de alta capacidad, segura y fiable. España está bien capacitada para responder a estas demandas”.
La propiedad de los datos
Otro de los desafíos por abordar tiene que ver con la propiedad industrial e intelectual de esos datos ‘no personales’ generados para ponerlos en valor. “Más que de propiedad, en el caso de los datos es preferible hablar de titularidad.
Sin embargo, la propia Comisión Europea abrió la opción de proteger las bases de datos con un derecho sui géneris cuando se ha realizado un esfuerzo relevante para su generación. En cuanto a los algoritmos y los modelos de inteligencia artificial, podemos protegerlos tanto por los derechos de propiedad intelectual (al tratarse de programas informáticos), como a través de patentes cuando se cumplan determinados requisitos”.
La Fundación Cotec ha creado un grupo de trabajo, liderado por PONS IP, para analizar qué actuaciones interesa promover en aras de asegurar la soberanía tecnológica en Europa y en España. Luis Ignacio Vicente opina que, “sin duda”, la gestión de activos intangibles -como son los datos- basada en la propiedad industrial e intelectual, será uno de los instrumentos a tener en cuenta”.
En PONS IP han identificado sectores que empiezan a tomar la delantera en gobernanza de datos. “Aún no tenemos un gran nivel de madurez en estos temas, pero destacaría los avances del sector del automóvil, las telecomunicaciones y la energía, donde están progresando en la digitalización de la cadena de valor de un modo muy eficiente”.
Una “oportunidad histórica”
Desde una óptica más amplia, Luis Ignacio Vicente celebra la paulatina incorporación de la PYME española a los procesos de transformación digital. “Mejorarán la relación con el cliente y evolucionarán sus modelos de negocio. La tecnología les ayudará también a ser más sostenibles y a dotar a sus trabajadores de una mayor calidad de vida. A las herramientas IT más habituales, en los próximos años se sumarán herramientas OT. Serán más específicas de cada actividad. Permitirán automatizar los procesos de negocio gracias a los algoritmos de inteligencia artificial o la robótica”.
El experto concluye señalando la “oportunidad histórica de financiación” que llegan de la mano los fondos Next Generation EU y los diferentes PERTE españoles. “No podemos dejar pasar la ocasión de desarrollar tecnología europea y española. La alternativa errónea es usar los fondos para adquirir tecnologías originadas en empresas asiáticas, por ejemplo”.
Vicente recalca que, en este modelo, sería “muy beneficioso” incorporar en las convocatorias el desempeño de actividades de gestión de la tecnología y de la propiedad industrial “que fomente un beneficio país” más allá de la mera instalación industrial que se financie. “Existen precedentes en convocatorias de la propia Comisión Europea (Horizon Europe) y de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial”.
