Ahorrar tiempo y dinero en trámites burocráticos, ganar eficacia y transparencia y minimizar las posibilidades de corrupción. Las tecnologías DLT (Distributed Ledger Technology), como el blockchain pueden hacer la vida más fácil.
Lanzado en enero de 2020, TOKEN (Transformative Impact Of Blockchain Technologies in Public Services) estudia el alcance de la aplicación de estas tecnologías a los servicios públicos. Se trata de un proyecto financiado por la UE en el que participan la Universidad de Cantabria (UC) y el Ayuntamiento de Santander junto a socios de otros siete países europeos.
«Estamos analizando su impacto transformador en cuatro grandes experimentos pioneros», explica el catedrático Daniel Díaz Fuentes, director del Grupo de Economía Aplicada Internacional y Política Económica de la UC.
Uno de estos casos, en los que el equipo trabaja desde el pasado mes de enero y hasta finales de 2022, es Santander Smart City. En este proyecto piloto, el grupo del departamento de Economía, dirigido por Judith Clifton, trabaja con el de Ingeniería Telemática de la UC, encabezado por Luis Muñoz, así como con un equipo del Ayuntamiento de Santander, a cargo del doctor en ingeniería Juan Echevarría.
El objetivo es alcanzar unos servicios mediante una tecnología que permita registrar, compartir y sincronizar transacciones y datos entre múltiples usuarios y en múltiples ubicaciones, creando un entorno descentralizado en el que la información circule pero esté protegida y, a la vez, sea transparente.
«Blockchain permite que todo el mecanismo de intermediación se reduzca, se haga transparente y no se pueda manipular, lo que da ventajas a los grupos más vulnerables como gente mayor o que no puede acceder a esta información de otra forma», precisa Díaz.
El equipo de TOKEN está trabajando con los empleados y gestores públicos, midiendo cuál es su percepción de cómo reacciona la administración ante estas aplicaciones y también la experiencia de los ciudadanos como usuarios finales.
Los investigadores encuentran que «los gestores públicos tienen resistencias, pero también son capaces de ver los potenciales beneficios: reducir la intermediación y la burocracia, mejorar la coordinación, confiar más en la información disponible y que el ciudadano pueda ser activo, exigiendo más calidad en los servicios públicos», explica Díaz.
El reto ahora es la readaptación de las administraciones públicas, que tendrán que contar con personal cualificado para el manejo de las tecnologías basadas en blockchain.
El interés por el tema crece exponencialmente y seguirá haciéndolo, según apunta Díaz: «En tres años, el número de artículos científicos sobre Blockchain ha pasado de 2 y 10 en 2013 y 2014 a más de 5.700 en 2019». TOKEN, con un presupuesto total de 3,87 millones de euros, busca que toda esta literatura especializada se transforme en aplicaciones al servicio de los ciudadanos.
