Puede parecer una exageración, pero nuestra experiencia acompañando a administraciones públicas en sus primeros pasos con la inteligencia artificial apunta siempre en la misma dirección: la IA ya ha entrado en las organizaciones, mucho antes de que las organizaciones hayan decidido cómo incorporarla.
No ha llegado a través de un contrato público ni de un gran proyecto tecnológico. Ha entrado por las cuentas personales de los empleados, por herramientas gratuitas, por iniciativas individuales y por la necesidad cotidiana de trabajar más rápido. Mientras la institución todavía debate si debe empezar, muchos profesionales ya la están utilizando. Hasta un 65%-70% ya admite usar la IA, aunque su ente público no haya trazado un plan de implantación. Y ahí aparece el verdadero problema.
No se trata únicamente de posibles fugas de información sensible o del uso de plataformas que la organización no controla. El riesgo es mucho más profundo: decenas o cientos de personas incorporando inteligencia artificial a su trabajo sin unos criterios compartidos, sin formación, sin conocer los límites legales, éticos o de seguridad, y sin responder a una estrategia común.
Por eso empezar diseñando un Plan Director de Inteligencia Artificial no significa retrasar la implantación. Significa adelantarse a los errores que ya se están produciendo.
Con demasiada frecuencia seguimos hablando de la IA como si fuera una herramienta para hacer más rápido lo mismo que ya hacíamos. Pero no estamos ante una nueva aplicación informática. Estamos ante un cambio cultural que obliga a replantear procesos, redistribuir tareas, redefinir competencias profesionales y transformar la manera en que trabajan las organizaciones. Y eso exige planificación.
Las administraciones públicas tienen una oportunidad histórica. La presión por hacer más con los mismos recursos, mejorar la atención a la ciudadanía y simplificar procedimientos convierte a la inteligencia artificial en un aliado extraordinario. Pero esa oportunidad solo generará valor si existe una hoja de ruta clara: objetivos, prioridades, calendario, presupuesto, gobernanza, formación y criterios para decidir dónde la IA aporta valor… y dónde no. Eso es precisamente lo que persigue un Plan Director. No frenar la innovación, sino darle dirección.
La experiencia del Ayuntamiento de Terrassa apunta en ese sentido. Antes de desplegar herramientas de forma arbitrária, ha optado por definir una estrategia que permita ordenar la adopción de la IA, minimizar riesgos y asegurar que la tecnología responda a las necesidades reales de la organización.
Porque la inteligencia artificial ya está dentro de las administraciones. La única decisión pendiente es si seguirá creciendo de forma espontánea y desordenada o si las instituciones asumirán el liderazgo de una transformación que, queramos o no, ya ha comenzado.



