De izquierda a derecha, José Carlos Erdozain, Gloria Rodríguez, Pedro Colmenares, Estrella Arana, Jesús Sánchez, Begoña Moreno, David Moreno y Nuria Marcos.

Hojjat Adeli, el ingeniero recién nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), decía hace unos días que los datos son el nuevo petróleo, el combustible con el que se nutren todo tipo de empresas y se hacen millonarias. Este jueves, el subdirector general de Inspección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Pedro Colmenares, ha sentenciado: “Cuando solicitamos un servicio, este no nos lo dan gratis, nos lo dan a cambio de algo muy valioso que son nuestros datos”.

A poco más de un año de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, las agencias europeas han recibido 94.000 reclamaciones, según datos del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Además, según datos del CIS, uno de cada tres españoles (76%) reconoce preocuparle “bastante o mucho” la protección de su información personal. Esta cifra, según ha explicado Nuria Marcos, directora general de la Fundación PONS IP, firma global especializada en el asesoramiento integral de propiedad industrial e intelectual y nuevas tecnologías, es “un reflejo claro de la preocupación existente en la sociedad" con respecto al tratamiento de esta información.

A lo largo de la jornada RGPD “Un año después”, organizada por la Fundación, varios expertos han hecho un balance sobre el grado de cumplimiento de la actual normativa europea. Un sentir que ha estado presente en estas reflexiones es que todavía queda mucho por hacer.

“La adaptación es una actividad permanente, y eso creo que todavía no ha calado en todas las organizaciones públicas y ciudadanas”, asegura Colmenares. Aunque reconoce “la buena voluntad” de muchas empresas por aplicar el nuevo reglamento, considera que “queda camino por recorrer”, ya que muchas otras no están siendo lo suficientemente diligentes y hacen una tarea “de mero maquillaje”. 

Grandes corporaciones han decidido que el Delegado de Protección de Datos –la persona responsable de vigilar por el debido cumplimiento del reglamento– sea alguien de la propia empresa, relata Colmenares. Begoña Moreno, abogada de PONS IP, coincide con él en que las empresas están en proceso de adaptación pero que todavía están lejos del objetivo.

Estrella Arana, abogada de la Fundación, ha destacado la importancia de la figura del delegado. “Hay tantas normas que hay que tomar en cuenta que se recomienda que las empresas cuenten con esta figura para que hagan bien las cosas”, ha asegurado. Como delegada de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Gloria Rodríguez considera que uno de los grandes riesgos de las compañías es no tener formado al personal. "De qué nos sirve tener un registro, unas cláusulas y análisis perfectos si luego este no sabe lo que tiene que hacer”, ha cuestionado.

Según el actual reglamento, las empresas deben cumplir con el principio de responsabilidad proactiva, es decir, aplicar medidas técnicas y organizativas para garantizar y ser capaces de demostrar que el tratamiento de datos personales es conforme con el reglamento.

Por el otro lado, también es necesario que los usuarios desarrollen una cultura de protección hacia su información personal. Para Colmenares, la educación es la vía con la cual extender esta cultura entre las personas. “La nueva ley establece con carácter obligatorio la inclusión de contenidos curriculares educativos, tanto en los niveles primarios y secundarios de enseñanza, como los superiores”, ha detallado.

El ámbito laboral es uno de los sectores en los que más controversias ha suscitado el nuevo reglamento y sobre el que ha explicado sus minucias la abogada Arana. La reciente implementación del registro de la jornada laboral ha abierto el debate sobre el uso de sistemas biométricos para dicho control. De acuerdo con Arana, muchas empresas ignoran el tipo de información que se obtiene a través de la huella dactilar. “Los algoritmos que se almacenan son datos personales… además son sensibles”, ha subrayado. Sobre este aspecto, Colmenares ha puntualizado que los datos biométricos se vienen utilizando desde hace décadas para muchos controles, como por ejemplo, mediante la firma manuscrita, lo importante es aclarar para qué se utilizan y la intensidad con la que se usan.

Respecto al derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo, la abogada ha aclarado que la empresa sí puede vigilar a los trabajadores para que cumplan sus deberes laborales pero que estos deben ser informados de forma “previa, clara y concisa”. Ha precisado además que está prohibido grabar a los empleados en lugares de descanso (como comedores o aseos).

El uso de las nuevas tecnologías supone en el terreno del marketing también grandes retos. El nuevo reglamento está hecho para que las empresas sean más transparentes en sus estrategias, ha explicado Begoña Moreno. No fue el caso de LaLiga, multada por la AEPD con 250.000 euros, que no informó sobre el uso del micrófono en su aplicación oficial para móviles.

La jornada ha finalizado con una mesa debate, moderada por el ‘Of Counsel’ de PONS IP, José Carlos Erdozain, en la que además de Pedro Colmenares y Gloria Rodríguez, han participado Jesús Sánchez, CEO Audea y es-ciber, y David Moreno, head of technology TENDAM Global Fashion Retail.

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