Es bien sabido que los procesos de transferencia de conocimiento a la sociedad son extraordinariamente complejos porque requieren amplias competencias y capacidad de colaboración entre todos los agentes del ecosistema de I+D+I. La complejidad de todo el proceso de transferencia de conocimiento procede tanto de la propia naturaleza del conocimiento y de los colaboradores, como del propio proceso de valorización del conocimiento con vistas a una transferencia acorde con las expectativas del sector privado.
En este contexto, los activos intangibles, especialmente los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual (en adelante, PII), constituyen una piedra angular en la construcción de la cimentación de empresas de base tecnológica o de proyectos cuyos conocimientos y resultados de investigación vayan a constituir la base del negocio que se explotará desde el sector industrial, y también la base de esa colaboración público-privada que tan necesaria es en la actualidad. La PII constituye el centro y motivo de una transacción en la que necesariamente deben intervenir el sector público y el privado conformando una auténtica simbiosis mutualista; en consecuencia, parece lógico que, si se esperan grandes beneficios para las dos partes integrantes, se deba promocionar esta relación con fines a una progresión mutua que permita conservar la confianza y permitir una planificación a largo plazo. Bajo ese espíritu, surge el recién anunciado Plan de transferencia y colaboración por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología: transferir colaborando y formar perfiles para hacerlo de forma óptima.
La generación de este Plan es ya sintomática de la importancia del camino iniciado y del mucho camino por recorrer, donde en el mismo documento ya se reconoce y se proponen medidas para esta carrera de fondo. Aplicar los conocimientos y resultados de investigación para solucionar los problemas tecnológicos industriales no estaba bien visto ni era admisible condicionar las líneas de investigación; lo público estaba en otro nivel más intelectual y traspasar esa línea no era una posibilidad. Por otra parte, el tejido empresarial español, constituido fundamentalmente por PYMEs, carecía y carece en su mayor parte de los conocimientos para poder generar ventajas competitivas frente a sus competidores, ventajas basadas precisamente en activos que tienen su origen en el nivel intelectual de los investigadores. Afortunadamente, quizás por la lógica de la propia sostenibilidad económica del sistema público de investigación, esa tendencia viró hacia una clara colaboración público-privada y ya podemos ir diciendo que ha ido quedando atrás la percepción de que los problemas de la industria no lo eran de las entidades públicas de investigación.
Cuando el objeto de la investigación y el diseño de su estrategia de protección y explotación nace conjuntamente de la colaboración público-privada, el resultado es más valioso y será altamente probable obtener un resultado satisfactorio para las dos partes. Aquí se produce un fenómeno interesante, la transferencia de conocimiento a la empresa, pero también de forma inversa de la empresa a la entidad pública de investigación aportando también conocimiento al personal investigador sobre las necesidades y oportunidades de mejora existentes en el mercado.
Este bajo nivel de colaboración público-privada pretende ser afrontado, a través del segundo eje del Plan, mediante diversas medidas que, a pesar de no haberse mencionado explícitamente, tienen una vinculación importante con la PII. Por ejemplo, en la financiación pública de proyectos colaborativos se deben considerar aspectos como la estrategia de protección y plan de explotación, pero también aspectos de libertad de operación y la negociación del clausulado que vincula a las partes interesadas entre sí y da muestra de sus derechos y obligaciones.
Algo realmente novedoso del Plan es el anuncio de acciones para apoyar la valorización del conocimiento y la difusión de las carteras tecnológicas de las universidades y centros públicos de investigación de acuerdo con los Principios Rectores sobre la valorización del conocimiento de la Comisión Europea, que parece que se publicarán en los próximos meses e incluirán un Código de Prácticas para el uso inteligente de la PII. En nuestra opinión, si estos aspectos se implementan de forma adecuada, el Plan puede imprimir un tratamiento acertado y de calado de la PII en los procesos de transferencia.
Por el lado de las personas, tanto la movilidad como la contratación de personal investigador del sector público en empresas obliga a prestar especial atención a la propiedad de los conocimientos (datos, resultados, etc) generados en el tiempo en que el personal ha permanecido en la empresa o ha sido contratado por la misma.
Es natural que en este Plan de transferencia y colaboración se consideren los Derechos de PII derivados del conocimiento, en su sentido más amplio, como una parte importante del proceso, al fin y al cabo, es la materia que sustenta la propia transacción. Sin embargo, la PII debería estar todavía más presente en las medidas incluidas, por ejemplo, en el caso del emprendimiento o creación de spin-offs como mecanismo de explotación de los resultados de investigación (medida 1), o, de acuerdo con la medida 3, en los objetivos generales de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA) que deberían aplicar únicamente a aquel conocimiento que haya sido descartado como potencial generador de Derechos de PII que puedan ser objeto de transferencia. Para que este Plan tenga el impacto deseado se requiere una amplia capacitación (medidas del eje 3) que prepare a los perfiles para identificar oportunidades, evaluar riesgos y plantear estrategias de gestión y explotación de los activos de PII generados.
Por tanto, para abordar este cometido se requiere conciencia y muchos cambios, que ya han comenzado, pero sobre todo se requieren equipos de personas con amplia experiencia y capacitación multidisciplinar que catalicen estos procesos superando las dificultades que vayan surgiendo.
