Ya es un hecho: España va por segunda vez a elecciones generales en 2019 y todo apunta a un aumento de la abstención. En los estudios sobre comportamiento electoral se habla de “fatiga del votante” para describir el bajo nivel de participación electoral en países en los que los ciudadanos son llamados a votar sobre asuntos de diversa índole de manera frecuente (Suiza es el caso más paradigmático), o en los que existen elecciones antes de que acabe la legislatura para renovar una parte de las cámaras (el Senado australiano, por ejemplo) o para cubrir los puestos que han dejado vacantes los legisladores (“by-elections” en Gran Bretaña), y también en los que los representantes son elegidos por solo dos años (las “midterm elections” estadounidenses).

Ninguno de estos escenarios es aplicable al caso español y, sin embargo, el anuncio de nuevas elecciones tras el fallido intento de formar gobierno por parte del PSOE se ha topado con el hartazgo de los ciudadanos, algunos de los cuales han propuesto en campañas online que los políticos “no cobren si no trabajan” o que nos demos de baja en el censo electoral para no tener que recibir propaganda política.

Detrás de esta fatiga y/o hartazgo existe un fenómeno que está todavía muy poco estudiado: votar entraña costes, tanto los relativos al desplazamiento al colegio electoral como los que se derivan de la recogida y estudio de la información acerca de a qué partido votar. Por ello, votar se convierte en ocasiones en una actividad difícil y gravosa.

Con la ayuda de una base de datos que incorpora información sobre la percepción de los costes del voto en elecciones nacionales en España, Francia, Alemania, Suiza y Canadá, hemos –Susana Aguilar, de la Universidad Complutense de Madrid, y Andrés Santana, de la Universidad Autónoma de Madrid– publicado un artículo en The Journal of Elections, Public Opinion & Parties en el que se plantean preguntas como ¿cuán grandes son los costes del voto, y a qué grupos sociales afectan en mayor medida?

Algunos de los resultados de este análisis son que los costes de votar se reducen con la educación, la identificación partidista, la afiliación sindical y la cantidad de tiempo vivido en el lugar en el que se convocan las elecciones. Todos estos factores disminuyen los costes informativos del voto asociados a la necesidad de recabar información política que ayude a decidir a quién votar.

En relación con la edad, los costes son primero altos, luego bajan (posiblemente porque los ciudadanos de edades medias conocen mejor su entorno político y les cuesta menos decidir a quién votar) y, finalmente, vuelven a subir (posiblemente porque a los mayores les resulta más gravoso acudir a los colegios electorales).

Asimismo, los costes de votar son menores para los hombres y los urbanitas y, curiosamente, no se ven afectados por la presencia de hijos en el hogar. Por último, hemos comprobado que los costes se reducen con el interés político y con la importancia que se atribuye a las elecciones, posiblemente porque en ambos casos se tiende a minimizar los costes que supone el voto.

Reducir los costes para una mayor participación

¿Representa la situación que hemos identificado una quiebra del principio de igualdad política? Habría razones para responder que sí: ser mujer, joven o viejo, tener poca educación, y vivir en un entorno rural son elementos sobre los que los ciudadanos nada o poco pueden influir, y, no obstante, aumentan los costes del voto.

Nuestros resultados tienen, por lo tanto, importantes implicaciones políticas y normativas: si queremos que las elecciones sean menos gravosas y que la participación electoral aumente, habrá que diseñar campañas institucionales que disminuyan los mayores costes que perciben las mujeres, los jóvenes y los mayores, los rurales, los menos educados y los recién llegados al lugar de celebración de los comicios.

Por supuesto, deberá estudiarse también si existen obstáculos administrativos (necesidad de registro previo), espaciales (pocos y distantes colegios electorales), así como políticos (climas de opinión hostiles) a la participación electoral y eliminarlos allí donde se encuentren. Aunque ninguno de estos potenciales obstáculos sea de especial relevancia en nuestro país, los españoles están expresando claramente que se enfrentan a las nuevas elecciones con muy pocas ganas.

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