La Justicia tiene una cuenta pendiente con la innovación. Esa podría ser la principal conclusión del informe ‘Transformación Digital en la Administración de Justicia. Innovación y Modernización’, de Minsait. Para la compañía, la Justicia debe rodearse de tecnologías que lleven a la Administración Judicial a reducir el volumen de documentos y que sea más resiliente, sostenible y cercana a los ciudadanos. En definitiva, más innovación y digitalización.
Miguel Ángel de la Pisa, responsable del Centro de Excelencia en Justicia de Minsait, explica que “la Justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho y, como servicio público, debe estar preparada para adecuarse a la evolución de la sociedad, que demanda mayor proximidad y transparencia. Por eso es imprescindible situar en el centro de su transformación a las personas, ya que son la palanca necesaria para lograr evolucionar con resultados satisfactorios”.
Además, “es fundamental incentivar la formación y capacitación de los profesionales del Servicio Público de Justicia para incrementar sus competencias digitales y ayudarles a mejorar el desempeño de su actividad, que constituye un impacto directo en la eficiencia y eficacia del servicio, así como en la calidad de los datos y la productividad”.
Y, por último, “la ciudadanía debe contar con un acceso que reduzca su posible brecha digital y recursos que le permitan mantener una relación directa, telemática y eficaz, en caso necesario, con la Administración de Justicia”.
Qué propone Minsait
Para todo ello, Minsait propone la creación de un Ecosistema Digital Integrado de Justicia que comparta datos entre los diferentes sistemas y fuentes de información, externas e internas a la Administración, con un uso intensivo de tecnología big data. Para De la Pisa, en este contexto, además, “tomará gran valor la analítica de datos, puesto que facilitará la extracción de valor en el tratamiento de esa información. La tecnología actual permite evolucionar hacia sistemas que nos pueden aportar predictibilidad sobre escenarios futuros, con un alto grado de acierto a partir de la identificación de patrones, modelos o tendencias”.
Por otro lado, también apuestan por una Automatización Judicial Inteligente con tecnologías como la automatización o la inteligencia artificial. Estas serán el medio para agilizar procedimientos judiciales, reducir errores y costes, así como para extender la disponibilidad y optimizar los recursos. Además, técnicas como el Procesamiento del Lenguaje Natural y la Minería de Datos se convertirán en el mejor recurso para obtener información a partir de los millones de documentos disponibles en el Servicio Público de Justicia.
Por último, “el objetivo es asegurar a las personas, las infraestructuras, la información y el propio Servicio Público de Justicia su protección de posibles ciberataques, con el fin de garantizar su estabilidad y continuidad”, sentencia.
Todas estas tecnologías “disminuyen significativamente” los tiempos de tramitación de las causas judiciales. Aseguran, de hecho, “un descenso de más del 15% en las quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios de la justicia; reducciones del 60% en los desplazamientos de profesionales a los juzgados o del 53% en el número de horas que los funcionarios dedican a los trámites de interoperabilidad".
