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El Ministerio de Ciencia e Innovacion lanza un plan para fomentar la transferencia y la colaboración público-privada

Desgranamos algunas de las medidas propuestas en el Plan de Trasferencia y Colaboración tras su aprobación en Consejo de Ministros
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La ministra Diana Morant en una intervención reciente. Imagen: Ministerio de Ciencia e Innovación.

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha lanzado el Plan de Transferencia y Colaboración. Tal y como explicaba ayer en un encuentro con medios de comunicación José Guimón, profesor de la UAM y asesor del ministerio, el plan es complementario a otras herramientas, como la Ley de la Ciencia, y se ha diseñado para paliar algunas debilidades identificadas en el sistema.

Guimón señalaba que el sistema científico español ocupa la posición 11 del mundo si lo medimos en base a la producción de publicaciones científica, y el puesto 12 si atendemos a la calidad de las publicaciones según su impacto. “Es una situación positiva, pero esa producción no necesariamente se traduce en impacto económico y social”.

De hecho, en el parámetro de innovación, España desciende hasta la posición 29. “Existe un desequilibrio importante que hay que corregir, y aquí la transferencia de conocimiento adopta una importancia destacada. El conocimiento ha de llegar más y mejor a las empresas y la sociedad. Solo así se traducirá en nuevos productos y servicios, puestos de trabajo o resolución de problemas sociales”.

El nuevo plan, cuyo horizonte temporal es 2022-2025, y que en 2023 tiene asignado un presupuesto de 1.200 millones, se estructura en tres ejes principales y 15 medidas, algunas ya activadas. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha anunciado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la intención es mantener o incrementar esta dotación en los años posteriores.

El Estado como inversor

En lo que respecta específicamente a la transferencia, el plan incrementa los apoyos al emprendimiento de base científica y promueve la creación de empresas -spin-offs- en los espacios públicos. A la extensión del programa NEOTEC, del CDTI, se sumó el programa INNVIERTE, del mismo organismo. “Es Estado actúa directamente a través de fondos de inversión públicos. Ayuda a que las empresas escalen y crezcan más rápido”, detallaba Guimón.

Adicionalmente, “el fondo de fondos” Next Tech, del Ministerio de Economía y Transformación Digital, refuerza esta estrategia con 4.000 millones aprobados en 2022, pero aún no desplegado. “Contaremos con mucha financiación pública para estos emprendimientos. A diferencia del modelo clásico de ayudas directas, los fondos permiten que el Estado obtenga un beneficio; puede vender su participación y reinvertirlo en otras empresas. Se ha demostrado que este procedimiento es bastante exitoso”.

Otra medida en este eje será la creación de una Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. El ministerio apoyará a aquellas instituciones que hagan públicos sus resultados de investigación. Más allá de los datos, se les instará a compartir y a poner a disposición de las empresas metodologías y toda la información útil.

Más colaboración

El plan pretende que los organismos púbicos y las compañías privadas colaboren desde el principio en la generación de nuevo conocimiento. Desde el ministerio que encabeza Diana Morant serán financiados proyectos de carácter colaborativo, donde las alianzas perduren más allá de lo puntual. Acuerdos ambiciosos con vocación de permanencia y continuidad que también podrán beneficiarse de la filosofía de los PERTE. José Guimón no descartaba la creación de centros mixtos público-privados.

Estos grandes consorcios recibirán apoyo económico desde una óptica nueva. “Es importante que las agencias financiadoras -CDTI, Agencia Estatal de Investigación, Instituto de Salud Carlos III- también colaboren más entre sí. Apostaremos por el lanzamiento de convocatorias conjuntas mejor coordinadas”.

El segundo eje del Plan de Transferencia y Colaboración impulsará el papel de la ciencia ciudadana, pone el foco en la relevancia de la compra pública innovadora y cree necesario incrementar la movilidad de investigadores entre la empresa y el ámbito público. Este ‘trasvase’, mucho más habitual en otros países, es una de las asignaturas pendientes del sistema español. Las mejoras e incrementos de presupuesto en los programas Torres Quevedo o de Doctorado Industrial van en esa dirección.

Una formación a medida y un cambio cultural

Las medidas dirigidas a la capacitación y desarrollo del ecosistema integran el eje trasversal del plan. En junio fue aprobado el programa DINA-ITC, que incluye actividades formativas y de dinamización presenciales y online para los profesionales del sistema con el objetivo de “favorecer y facilitar los procesos de intercambio de conocimiento”. Los diferentes módulos están orientados a poner en valor los resultados de las investigaciones.

El plan contempla la creación de una nueva plataforma estatal de transferencia y colaboración. Será un portal que funcionará como punto de encuentro desde el que acceder a información de ayudas y convocatorias relacionadas o a los propios cursos del DINA-ITC. También incluirá enlaces a iniciativas autonómicas y locales vinculadas. A medio plazo, sumará un equipo de expertos en asuntos legales relacionados con la transferencia o la búsqueda de financiación de spin-offs. “Trabajarán con las universidades y los centros públicos de innovación para darles un servicio de más alto valor añadido”.

Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación tratarán de acelerar un cambio cultural. “Hasta ahora, los investigadores públicos han estado muy centrados en publicar en revistas especializadas. Es el mecanismo que tienen para progresar dentro del sistema y para obtener complementos salariales cada sexenio en función del impacto de sus publicaciones”.

Guimón anunciaba que a partir de ahora además serán incentivados aquellos profesionales de la investigación que demuestren avances en materia de transferencia y colaboración. Los sistemas de selección y promoción interna también considerarán estos méritos. 

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