La demanda de bicicletas y patinetes se triplica en España

Tras concluir la Semana Europea de la Movilidad, una es la conclusión extraída por parte de quienes han participado con diferentes iniciativas, directa o indirectamente: cada vez son más las opciones de movilidad alternativa con las que pueden contar los ciudadanos concienciados con la lucha por la sostenibilidad. Según datos de idealo.es, comparador de precios en España, la demanda de vehículos limpios como bicicletas o patinetes se triplicó (331 %) en agosto de 2018, poniendo de manifiesto el cada vez más generalizado compromiso de los ciudadanos con el medio ambiente.

De entre los transportes alternativos más demandados destacan las bicicletas eléctricas, que aglutinan tres cuartas partes de la demanda (76,21%). A distancia estarían los hoverboards (10,63%), patinetes eléctricos de dos ruedas en paralelo que están poniéndose de moda en los últimos meses. En tercer lugar, las bicicletas plegables (10,57%) también son una opción muy elegida por los españoles. “El compromiso con la sostenibilidad y los nuevos medios de movilidad es una realidad que está cada vez más presente en la sociedad española”, celebra Adrián Amorín, Country Manager de idealo, quien destaca “el ahorro económico que este tipo de movilidad supone también es un detalle importante, algo que es posible maximizar comparando precios siempre antes de la compra”.

Según se observa en los datos de idealo, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor demanda de vehículos alternativos, ya que aglutinan casi la cuarta parte de la demanda. En segundo lugar estaría la Comunidad de Madrid (15,2 %), seguida de otras regiones como Andalucía (12,6 %), la Comunidad Valenciana (12 %) o País Vasco (6,48 %). “Con estos datos”, sostiene Amorín, “queda demostrado que una de las mejores formas que tienen los ciudadanos de colaborar [para mejorar el medio ambiente] es utilizar vehículos de movilidad alternativa como bicicletas, patinetes y hoverboards”.

NORMATIVA Y EDUCACIÓN VIAL ANTE EL NUEVO PARADIGMA
Los patinetes eléctricos han sido la última incorporación a las calles, un medio de transporte que, aunque ya lo han probado muchos usuarios, han traído consigo una gran polémica llegando incluso a tener que ser retirados del espacio público, como en Valencia. Ante las restricciones por los altos niveles de contaminación, el tráfico, las dificultades para aparcar y una mayor concienciación con el medio ambiente, son muchas las empresas que han visto una oportunidad de negocio dentro del sector. Sin embargo, muchas ciudades españolas todavía no están preparadas para acoger esta nueva opción de transporte y las compañías de alquiler de patinetes y usuarios se han encontrado con la oposición de los ayuntamientos.

Para ello, Metricson, firma de servicios legales que ayuda a empresas tecnológicas e innovadoras de todo el mundo, revela algunas claves que mejorarían la situación actual y, como apuntan sus abogados, “antes de implantar el servicio es necesario determinar el régimen legal aplicable en esa localidad para que no haya problemas como los que se producen”. En caso de que no exista un uso especialmente regulado, como ocurre en Valencia o pasó en su día en San Francisco –ciudad pionera a día de hoy en el uso de este medio de transporte–, el propio ayuntamiento puede impedir provisionalmente la circulación o estacionamiento de los vehículos hasta que se apruebe una ordenanza. Por lo que el principal riesgo para las empresas que ofrecen este tipo de servicios es económico.

Si por el lado contrario, existe normativa en la ciudad en la que están presentes (en España, la primera ciudad en regular expresamente el uso de estos patinetes eléctricos es Barcelona, seguida de Madrid, que ya cuenta con un proyecto de ordenanza a la espera de ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento), los abogados de Metricson recomiendan a estas empresas trabajar en la educación de sus usuarios: informarles de qué pueden y qué no pueden hacer como, por ejemplo, las vías por las que pueden circular y el uso obligatorio del casco. Así se evitará que los ayuntamientos actúen de forma contundente al considerar que la actividad está fuera de control.

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