Consenso político para que la innovación sea una cuestión de Estado

debate politico Informe ASEBIO 2017

Apostar por la I+D+i no es una opción, sino una política necesaria que debe ir más allá de las siglas y los ciclos electorales. Así se ha puesto de manifiesto en el debate organizado por ASEBIO, con motivo de la presentación de su Informe Anual correspondiente a los datos de 2017, y que ha contado con representantes de los cuatro partidos con más representación en el Congreso. Sin embargo, las coincidencias no han ido más allá de señalar que ponerse de acuerdo en materia de innovación es una obligación.

Óscar Galeano, portavoz de Agenda Digital del Grupo Parlamentario Socialista ha resaltado que, con la recuperación del Ministerio de Ciencia e Innovación, “el mensaje inicial del nuevo Gobierno ha sido positivo para el sector”, si bien ahora el reto es poner estas intenciones “sobre el papel”. En su opinión, apostar por la I+D+i es una cuestión que “trasciende la actual legislatura y la actual generación”. Por eso, la administración pública tiene que actuar como tractor de este sector y eso debe tener su reflejo en los presupuestos porque “si no se queda en papel mojado”.

Galeano ha afirmado que, “o tenemos un nivel de recaudación mayor o el problema del gasto lo seguiremos teniendo” al margen de qué partido gobierne. “Es cuestión de a quién queremos parecernos de mayores” y todo esto, ha concluido, requiere de un acuerdo de sociedad y no se hace en unos meses, son políticas de largo plazo y “si no vamos todos a una será difícil”.

Por su parte Juan Bravo, portavoz de Innovación en la Comisión de Economía y Competitividad del Grupo Popular, ha señalado que “la I+D+i es el elemento que nos permite seguir creciendo y las aportaciones han ido creciendo año tras año” y con más valor, gracias también a los empresarios. También ha apuntado que la innovación no es una política de partido, sino de todo el país y ha ofrecido el apoyo de su partido al Gobierno para promover la I+D+i.

La mayor discrepancia con el presentante del PSOE ha venido en el ámbito de la financiación y las cargas impositivas. Para Bravo, “todo no cabe” y ha defendido cómo desde el anterior ejecutivo se ha “intentado dar equilibrio, mantener las convocatorias todos los años”, aunque haya sido “con poco dinero”. Con respecto a la falta de ejecución del presupuesto en I+D+i, ha indicado que “la ejecución de la parte no reembolsable fue el año pasado del 98%” y que las políticas de innovación no son responsabilidad exclusiva del Gobierno de España, también de las Comunidades Autónomas, y que son sólo cuatro las que han invertido más de un 1% en esta materia.

Desde Unidos Podemos su portavoz de Universidades y miembro de la Comisión de Ciencia, Nagua Alba, ha insistido en que “es muy positivo el hecho de que exista un ministerio” porque así los ciudadanos pueden poner en valor la importancia que tiene en su vida la I+D+i, más aún cuando “en España se hace buena ciencia”. La tarea pendiente, ha señalado, pasa por promoverla, recuperar el terreno perdido en estos años y “asimilar que la I+D es una cuestión de estado” bajo la premisa de que “si no queremos quedarnos atrás como país” hay que apostar por ello.

Alba también ha expuesto cómo en España se han perdido 10.000 investigadores por la escasa inversión con respecto a los países de nuestro entorno y que ahora este retraso “hay que revertirlo”. Por ello, ha finalizado, “hay que pensar con una lógica distinta, hacer apuestas a largo plazo” porque “el debate de fondo es qué país queremos ser y por qué modelo productivo queremos apostar”.

Finalmente Susana Solís, responsable de Indusria e I+D+i de Ciudadanos y diputada en la Asamblea de Madrid, ha dicho que contar con el Ministerio de Pedro Duque, aunque es positivo, “no es la panacea” ni solucionará todos los problemas de la I+D+i española. Por eso ha relatado que el plan de su partido para el sector se basa en cuatro pilares: “estabilidad presupuestaria, un sistema que esté basado en las personas, un sistema que esté mejor gestionado y evaluado y apostar por la innovación y las empresas innovadoras”. De esta forma se quiere que tenga mejor dinero y mejor gestionado, acabar con la precariedad, eliminar las trabajas legales y burocráticas y hacer de la I+D+i la base del desarrollo económico.

A su juicio, “los datos de inversión pública no han sido buenos” y ahora toca trabajar por “volver a los niveles previos a la crisis”. El presupuesto es necesario, ha incidido Solís, pero hacen falta más medidas y desarrollar otras políticas públicas con, por ejemplo, “una legislación que apoye a las empresas que apuesten por la innovación”. En este sentido ha calificado de necesario que no sólo se hable de I+D+i sino que también “veamos qué necesitan estas empresas porque son las que pueden crear empleo de valor añadido”.

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