El derecho a la ciencia se recogió por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, pero solo se mencionaba en un par de líneas del artículo 27. Años más tarde se incluyó en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, pero su complejidad teórica y la amplitud de sus implicaciones hicieron que tuviese escaso desarrollo
El profesor Mikel Mancisidor, docente en la American University de Washington D.C. (EE UU), es uno de los 18 expertos independientes que conforman el Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, encargado de actualizar el derecho a la ciencia tal y como se recoge en el mencionado pacto. “A nadie se le ocurre preguntar por qué tenemos derecho a leer literatura, un ensayo o poesía; no hay un porqué –afirma–. Entendemos que eso es lo que nos hace humanos y consecuentemente queremos protegerlo de una forma especial, a través del invento que son los derechos humanos”.
“La ciencia es un derecho en sí mismo (además de su papel para el disfrute de otros derechos como la salud, la alimentación o el agua) al que se le debe garantizar el conocimiento, la divulgación, la calidad, el acceso y la participación, como el resto de derechos culturales”, afirma en una entrevista concedida a Sinc antes de su ponencia del pasado 12 de febrero, en la Fundación Ramón Areces. “La ciencia está en el corazón de los derechos humanos desde el principio, si bien es cierto que muy poco desarrollada”.
El Comité de la ONU por el derecho a la ciencia del que forma parte Mancisidor tiene varias funciones. “Una de ella es el seguimiento de las obligaciones de los Estados, otra el estudio de las denuncias individuales, y la tercera es la aprobación de comentarios u observaciones generales, que es en el punto en el que nos hallamos actualmente”, según sus propias palabras. Estos últimos son trabajos de 20 o 30 páginas donde se explica cuál es el contenido normativo del pacto.
Él distingue tres aspectos cuando hablamos del acceso a la ciencia. “En primer lugar, el acceso a las aplicaciones materiales, como el acceso al medicamento, a un fertilizante o a una mejora tecnológica –aclara–. El segundo es el acceso al conocimiento en sí. Ahí es donde entra el open access o conocimiento abierto. El acceso al conocimiento que tenga que ver con la dignidad humana debe ser compatible con los intereses de las empresas para obtener un rédito a sus inversiones. Un derecho humano no necesariamente tiene que ser gratuito, tiene que ser accesible y asequible. Para ello puede haber distintas formas mediante las que un Estado garantiza el acceso a un recurso, como bibliotecas o centros culturales. La tercera vía es el acceso a los medios, especialmente internet. Hoy en día no entendemos el acceso a la ciencia sin el acceso a internet”.
Pero cada uno de estos factores es “una pieza en un puzzle más complejo”. El acceso a la tecnología, por ejemplo, no se puede extender si no es “en el marco de una sinergia con otro montón de elementos, como la propia acción por parte de la población, la educación y el conocimiento”.
El comité trabaja “de manera intensa es superar la vieja dicotomía de las responsabilidades de los distintos Estados sobre la ciencia básica y la ciencia aplicada”. Y añade el profesor de la American University de Washington D.C.: “En el viejo paradigma, los países empobrecidos debían invertir sus recursos en hacer ciencia aplicada, es decir, la ciencia que pudiera responder a sus retos agrícolas, sanitarios, etc. En un mundo en el que, cada vez más, el conocimiento en sí mismo es el recurso económico que favorece el desarrollo de los pueblos, considerar que la ciencia básica es para los países ricos es relegar a los países pobres a hacer simples aplicaciones tecnológicas. Es condenarlos, cada vez más, a ser segundones en el contexto internacional”.
Mikel Mancisidor tiene claro que “los retos de la ciencia básica son desafíos universales y gracias a las nuevas tecnologías cada vez más personas y países pueden participar en ellos”. Y para ello es importante vigilar con lupa la labor que realizan nuestros líderes. “La política tiene la obligación de que las decisiones que se toman en cualquier ámbito estén sostenidas por el mejor conocimiento científico, desde las cuestiones sanitarias hasta las cuestiones más industriales o medioambientales. Es parte del derecho a la ciencia, de la responsabilidad ciudadana y de la responsabilidad pública”.
