El contexto general: desarrollo económico y competitividad
El desarrollo económico requiere la combinación de varios factores como son el capital físico (infraestructura, maquinaria), capital humano (educación, formación) y tecnología e innovación. El desarrollo económico sostenible requiere, además, un entorno institucional estable que fomente la seguridad jurídica , la libre competencia y unas relaciones éticas entre administraciones, proveedores y ciudadanos.
Decía Michael Porter que, las empresas encuentran en la innovación una fuente de ventajas competitivas para actuar en el mercado mundial. De esta forma son las empresas las que demuestran la competitividad de los territorios y los países. Conviene recordar la definición de innovación según la Fundación Cotec: Todo cambio (no sólo tecnológico), basado en conocimiento (no sólo científico), que aporta valor (no sólo económico).
Un pilar clave para lograr un desarrollo económico sostenible y un incremento del bienestar de la población es la competitividad que es la capacidad de una economía para competir en el mercado global y aumentar su productividad. Según el instituto IMD la competitividad de España pasó del puesto 36º en 2010 al puesto 39º en 2025. Ello quiere decir que estamos muy alejados de los países de nuestro entorno de la OCDE.
Niveles más altos de competitividad permitirían generar crecimiento sostenible, empleo y renta a partir de factores como productividad, innovación, calidad institucional, condiciones del mercado laboral y mejorar nuestra posición en los mercados internacionales. No se trata sólo de mejorar el PIB, se trata de mejorar la productividad por hora, la inversión en I+D, el tejido empresarial, el empleo o la educación.
Países como Estados Unidos, Alemania, Finlandia o Japón que han invertido más gasto en I+D han alcanzado mayores tasas de crecimiento de productividad.
Otra preocupación de gran calado es la enorme deuda pública acumulada de nuestro país. La deuda pública, según el Banco de España, aumentó desde el 36,3 % del PÎB en 2007 al 103,5% en el primer trimestre de 2025. Según la AIReF, España destinará este año la cantidad de 42.000 millones de euros a pagar intereses de la deuda, cuatro veces más que a I+D, infraestructuras o seguridad; no sólo supone que el país no puede ni con toda su producción pagar todo lo que debe, sino que además conlleva que tiene que afrontar cada año un coste cada vez mayor por el pago de intereses.
España todavía tiene una brecha de productividad frente a la media de la zona euro y los países más desarrollados. Nuestro país se sitúa por debajo de la media de la eurozona, alcanzando el 92% de la productividad por hora trabajada de la UE. Este aspecto es muy importante y está muy relacionado con la adecuación de los salarios a los de los demás países europeos. Menor productividad significa menores márgenes, menor capacidad de pagar salarios altos sostenibles y menos recursos para invertir en innovación. La alta fragmentación empresarial, muchas pymes y microempresas, baja digitalización entre las pymes, escasa adopción de procesos de mejora continua y débil inversión privada en modernización son causas de la baja productividad de nuestro tejido empresarial. Según la escuela de negocios IEBS, sólo una de cada cuatro empresas está a la vanguardia de la digitalización.
Por eso, cualquier pretensión de mejoras sociales orientadas a la reducción de la jornada laboral debería ir acompañada de mejoras en la productividad. Este argumento es tanto válido para el mundo empresarial como para las administraciones públicas. De lo contrario sería nefasto para el tejido productivo privado y para el sector público.
La importancia del empleo en una economía competitiva
El empleo estable que se crea en el sector privado ha mejorado mucho con la reforma laboral de 2021 y se están batiendo récords de personas ocupadas. Pero, en general, el empleo privado es precario, eventual y discontinuo, sobre todo en las pymes. A pesar de las cifras de empleo el pasado año 2024 la Seguridad Social cerró con un saldo negativo de aproximadamente 9.834 millones de euros. Es la misma tónica de los últimos diez años que han venido cerrando cada año con déficits abultados. Esto quiere decir que los cotizantes que conforman la población activa no son capaces de mantener el inmenso gasto social de las pensiones de los jubilados.
En números redondos, según datos del INE en 2025, tenemos en España a 2,6 millones de desempleados en edad de trabajar, 1,5 millones de personas adultas viviendo del ingreso mínimo vital, diseñado para la gente sin recursos, y, por si fuera poco, según Randstad Research en 2025, asistimos a un absentismo laboral sin precedentes con 1,2 millones de personas que faltan diariamente a su trabajo pese a cobrar sus sueldos pagados por las empresas, lo que supone una sangría de capital humano que el tejido productivo no se lo puede permitir. Patronales y gobiernos deberían reflexionar conjuntamente sobre esta anomalía.
La situación real es la de un país en el que un colectivo de 21,8 millones de cotizantes a la Seguridad Social -donde se encuentran más de tres millones y medio de empleados públicos- mantiene, ya sea con prestaciones públicas o apoyo familiar privado, a más de cinco millones de personas que no trabajan pese a poder hacerlo y que financia una bolsa de 10,3 millones de pensiones.
Otro dato significativo es que actualmente en España existen en torno a más de tres millones y medio de empleados públicos y tres millones cien mil autónomos. Algo no funciona bien cuando en el país hay más funcionarios que autónomos.
La generación del baby boom se está jubilando a razón de 1.020 nuevos jubilados al día pero, a pesar del crecimiento del empleo juvenil, solamente se incorporan al mercado laboral 986 trabajadores menores de 30 años. Lo que supone una tasa de reposición insuficiente. España se queda sin relevo laboral ante el imparable envejecimiento de la mano de obra.
Por otra parte, la brecha salarial entre los trabajadores del sector público (funcionarios) y los trabajadores del sector privado es de casi 1.000 euros brutos al mes a favor del sector público. Se trata de un dato muy significativo que refleja una realidad inquietante. Significa una brecha muy grande entre ambos sectores. Por ello el sector público, con mejores salarios y trabajo fijo para toda la vida, suscita un alto interés por parte de nuestros jóvenes. Sin embargo, el sector privado, diseminado por miles de compañías medianas, pequeñas y microempresas, no puede ofrecer similares prestaciones como el sector público. Son las grandes empresas y las pymes tecnológicas y de alto valor añadido las que pueden aportar niveles salariales y condiciones de trabajo mucho más beneficiosas para sus trabajadores.
Observamos cómo, a veces, determinadas decisiones políticas pueden afectar al empleo de sectores privados; tal es el caso del cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto para el año 2027, que como consecuencia de dicho cierre se irán al paro un buen número de trabajadores de alto nivel tecnológico en una zona como Navalmoral de la Mata no precisamente boyante en otras industrias.
Así llegamos al enorme éxodo de profesionales, titulados de todo tipo, que han tenido que emigrar a otros países para encontrar mejores expectativas laborales. Las cifras de este éxodo varían, según las fuentes, entre 200.000 y 300.000 titulados durante los últimos diez años entre científicos/ investigadores, ingenieros, médicos, enfermeras, licenciados y graduados que están aportando conocimiento y experiencia a otros países que no han participado en su formación. Ante la precariedad laboral y a la vista del alto precio de la vivienda no es de extrañar que estos jóvenes hayan salido corriendo del país. Este conjunto de profesionales conforman un capital humano de primer nivel que nuestro país debería procurar su retorno cuando se den las circunstancias del mercado para ello.
La paradoja en nuestro país en relación con el empleo es que mientras muchos jóvenes emigran a otros lugares existen necesidades de trabajo en áreas como desarrolladores de software, analistas de datos, especialistas en ciberseguridad, perfiles de la logística y del transporte, médicos especialistas y enfermeros, especialistas del sector de la construcción y del sector turismo y la hostelería.
Viene al caso abordar el asunto complejo de la inmigración, no para demonizarla, sino para aprovechar el caudal laboral que puede ser beneficioso para nuestro país. Pero para ello los flujos migratorios deberían ordenarse y adecuarse en la medida de lo posible a nuestras necesidades y evitar así la frustración del que llega y no encuentra el sitio adecuado a sus necesidades y habilidades, ni la esperanza de una vivienda digna.
Existe una clara fractura generacional entre los pensionistas actuales y los cotizantes: los pensionistas que hemos disfrutado de un desarrollo económico muy notable y los actuales trabajadores, jóvenes sobre todo, que sufren contratos laborales precarios y una enorme dificultad de acceso a la vivienda.
La mejor receta para combatir la precariedad laboral es crear riqueza a través de un tejido empresarial innovador, tecnológico, competitivo e internacionalizado. Se hace necesario un marco estable de generación de valor contando como aliado al capital productivo que sustituya al capital especulativo que ha prevalecido durante los últimos años.
Ante el fracaso del actual plan de vivienda, el gobierno juntamente con las comunidades autónomas deberían emprender conjuntamente, de forma urgente, un gran Pacto de Estado por la Vivienda, como sugiere el profesor Lizcano. Ni que decir tiene que un gran pacto de esta naturaleza, que promueva mayoritariamente viviendas sociales, sería una gran fuente de puestos de trabajo y de desarrollo económico. Por otra parte, el alto impacto de los precios de la vivienda debería reflejarse en el índice del coste de la vida.
La necesidad de una educación y formación cada vez más exigentes
Los resultados de los indicadores del informe PISA de los últimos años reflejan que los estudiantes españoles de secundaria son deficitarios en materias como matemáticas y comprensión lectora. Además, según un estudio reciente realizado por la Fundación BBVA y el instituto valenciano IVIE, la distancia en competencias básicas (comprensión lectora, matemáticas y resolución de problemas) de la población española respecto a la media de países de la OCDE se ha triplicado desde la generación que estudió la EGB. Si la distancia entre España y los países europeos es importante en materia educativa, no lo es menos con entornos más alejados como el asiático donde países como Corea del Sur, China e India gozan de altos niveles de exigencia y supondrá a la larga una enorme competencia.
La cuestión relevante es que la enseñanza debería proveer disciplina en el aula, autoridad del profesor, exigencia y esfuerzo al alumno y prioridad del razonamiento sobre la práctica memorística. El fomento de la afición al estudio y al espíritu crítico en los jóvenes originará la afición al trabajo bien hecho en su etapa profesional, y el fomento de los valores empresariales en edades tempranas favorecerá la irrupción de vocaciones emprendedoras que tanta falta hacen en nuestro país.
La enseñanza universitaria en España tiene algunas fortalezas claras como son el acceso amplio, buena calidad media y profesorado cualificado, con parámetros de investigación muy notables, pero no alcanza niveles de excelencia, internacionalización ni niveles de transferencia de tecnología de países como Alemania, Países Bajos o Reino Unido. Además, en España con la configuración autonómica se ha agudizado el problema endémico de la endogamia académica. Una práctica endogámica generalizada impide concursos de contratación donde prime el mérito y la capacidad.
También la rivalidad entre la universidad pública y privada está marcada por mejores cotas de empleabilidad a favor de la segunda. En todo caso, los dos tipos de universidades deberían apostar por fomentar y perseguir el emprendimiento de sus alumnos y egresados. Las escuelas de negocios, mayoritariamente privadas en España, son centros de mucho prestigio y suelen impulsar el emprendimiento de sus alumnos. Por ejemplo en el IESE el 30% de sus graduados crean una empresa en los cinco años siguientes a su graduación. Pero la mayor parte de los egresados de las escuelas de negocios aspiran a ser funcionarios de las compañías multinacionales.
Una de las carencias más importantes de nuestro sistema educativo es la falta de interés temprano en materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas). A menudo, nuestro sistema no fomenta suficientemente el pensamiento lógico, la programación o la experimentación científica en etapas tempranas, lo que se traduce en una baja matriculación en carreras técnicas.
A pesar de que la formación profesional (FP) en informática, redes o desarrollo web actúa como una vía rápida al empleo, en España ha estado infrautilizada y estigmatizada frente a los estudios universitarios. Esto limita el número de profesionales técnicos cualificados disponibles. Ni siquiera el país con el mejor sistema universitario del mundo puede ser competitivo sin una formación profesional de calidad. La formación profesional es la gran asignatura pendiente del sistema educativo español y los gobiernos deberían colaborar para prestigiar más esta importante modalidad.
En un mundo tan cambiante como el actual todos los profesionales de todas las especialidades, sin excepción, deben ser conscientes de la necesidad de someterse a una formación permanente y continuada durante toda su carrera laboral.
Unas infraestructuras solventes
España cuenta con una importante red de infraestructuras de carreteras, autovías y autopistas lo que facilita la conectividad interna. La red de alta velocidad ferroviaria ha sido una apuesta destacada de los últimos años, lo que ha mejorado las conexiones entre las grandes ciudades. Pese a todo existe la necesidad de mantener, modernizar y ampliar las infraestructuras de transporte y la red convencional de ferrocarril, así como de conectar mejor las zonas rurales o menos densas del interior. Una importante fortaleza es que en España hay más fibra óptica que en Alemania, Italia, Reino Unido o Francia. La cobertura de la telefonía móvil alcanza al 99% de la población y la tecnología 5G al 95%.
Los organismos públicos de investigación, OPIs, son instituciones esenciales para el buen funcionamiento del sistema español de innovación. El centro de mayor tamaño es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, que incluye a 121 institutos de investigación diseminados por todo el país; otros organismos son el CIEMAT, el INTA, el Instituto de Salud Carlos III, IAC, etc; que atienden a todas las áreas de conocimiento.
Estos centros se caracterizan por su excelencia científica y el reconocimiento internacional, disponen de infraestructuras modernas y capital humano de alto nivel, pero adolecen de rigidez administrativa y falta de agilidad, baja transferencia al sector productivo y desigualdad territorial. Para que la excelencia científica tenga proyección en el tejido productivo en forma de innovaciones, la transferencia de conocimiento debe ser mucho más abundante. Algo se está moviendo en este sentido puesto que la Fundación General CSIC acaba de lanzar una nueva edición del programa COMTE Innovación, para llevar la ciencia al mercado con más garantías.
Una vez conseguidos los objetivos reales de la transferencia, los investigadores deben tener derecho a su reconocimiento académico y también a su compensación económica.
También existe una gran diversidad de centros de I+D y centros tecnológicos, de ámbito autonómico, y de titularidad pública o público-privada que, a veces, generan duplicidades o competencia más que cooperación. Los acuerdos interautonómicos suelen ser puntuales y ligados a proyectos europeos, pero debería fomentarse mucho más la relación entre todos ellos.
Los parques científicos y tecnológicos suponen otras infraestructuras importantes del sistema español de innovación ya que son espacios de innovación donde conviven universidades, centros tecnológicos y de investigación, empresas tecnológicas y nuevas iniciativas empresariales. Suelen funcionar bien en sus propios entornos pero existe una clara desigualdad territorial, una falta de coordinación nacional y escasa internacionalización.
Un tejido empresarial pequeño y débil en actividades de I+D
El tejido empresarial español se caracteriza por ser muy pequeño en tamaño medio, con predominio de microempresas, comparado con los grandes países europeos que tienen mayor proporción de empresas medianas y grandes. Esto condiciona la productividad, la innovación y la competitividad internacional de España. Para mejorar, uno de los retos estructurales es fomentar el crecimiento de empresas pequeñas y medianas y de las micropymes, incrementar su escala, impulsar la I+D interna, adoptar la digitalización, la internacionalización y las alianzas empresariales.
En cuanto a la inversión en I+D, España se sitúa en torno al 1,49 % del PIB, que supone la mitad de la de Alemania y los países nórdicos, y resulta un índice todavía alejado de la media europea. Como he comentado al principio, la inversión en I+D resulta esencial para mejorar nuestros niveles de competitividad y de productividad.
Según el Anuario Cotec 2025 de la Fundación Cotec para la Innovación, desde el año 2008 hasta 2023 se han perdido en España 3.023 empresas con actividad en I+D. Si bien es cierto que las grandes empresas han aumentado un 5% con 62 nuevas entidades (1.307 en total), no es menos cierto que las pymes y micropymes han descendido en casi un 24% (9.977 en total). En consecuencia, en 2023, el conjunto de empresas con actividades de I+D en España era de 11.284 entre grandes, pymes y micropymes, cifra muy precaria habida cuenta de que España es la cuarta economía de la zona euro. Muestra una debilidad importante de nuestro sistema de innovación que es la falta de empresas con actividades de I+D a pesar del notable incremento de nuestro PIB en los últimos 15 años.
El mecanismo de compra pública innovadora, CPI, permite que pymes tecnológicas participen en contratos públicos lo que implica visibilidad, volumen, referencia competitiva y mejora de escala. Este mecanismo ha venido funcionando en algunos sectores específicos como el de la ciberseguridad, la salud, energía, datos, pero sería muy conveniente que, desde las distintas administraciones, se diera un fuerte impulso a estos procedimientos en todas las áreas productivas..
Unos incentivos muy atractivos
En España tenemos los instrumentos que marca la Ley de la Ciencia. El más importante es el Plan estatal de investigación científica, técnica y de innovación, PEICTI, 2024-27. Con un presupuesto de más de 18.000 millones de euros, el vigente plan pretende una mayor participación empresarial y la movilización del talento, Todavía es pronto para poder hacer balance de los resultados de este plan en curso y tardará algunos años en producir los efectos deseados tanto en el tejido productivo como en el sistema público de innovación.
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI, agencia de apoyo a la innovación que goza del máximo prestigio dentro del tejido productivo, ha funcionado como el pilar más sólido dentro del sistema español de innovación con una gestión técnica eficaz y alto impacto económico. Su reto actual es mejorar la agilidad, el alcance territorial, y la conexión entre la innovación y las pymes tradicionales. La gran apuesta pendiente tanto del PEICTI como del CDTI es perseguir la irrupción de nuevas empresas innovadoras y tecnológicas.
En el ámbito internacional, la participación española en el programa marco Horizonte Europa ha batido el récord de retornos por importe de 3.400 millones de euros en el período 2021–2023. Este dato es importante porque en programas marcos anteriores, España solía ser deficitaria en los retornos. Se trata pues de una magnífica señal de avance en participaciones tecnológicas que surtirán beneficios en los próximos años.
En Eureka, programa de colaboración tecnológica europea, España siempre ha mostrado un papel relevante en cuanto a propuestas presentadas y en relación a participaciones en proyectos. El motivo es que la filosofía Eureka persigue proyectos competitivos, próximos al mercado, de carácter finalista (mecanismo bottom-up) y con la configuración de consorcios del tipo de geometría variable donde cada socio mantiene la participación que mejor se adapta a sus necesidades. Y esta filosofía siempre ha encajado muy bien con el tipo de tejido industrial español.
El Foro de empresas Innovadoras, FEI, en un reciente informe sugiere algunas propuestas interesantes para el próximo Programa Marco europeo 2028-2034: apuesta por el talento, eliminación de burocracia simplificando los procedimientos, y el acceso a mecanismos de financiación ascendentes (bottom-up), más sencillos y centrados en el mercado, en contraposición a los mecanismos descendentes top-down habituales en los anteriores programas marcos. Este mecanismo conecta muy bien con el tejido empresarial español, por lo que significaría un avance muy notable para la participación española.
Otra sugerencia del FEI se refiere a la necesidad de promover las tecnologías duales, de doble uso civil y de defensa, tanto en los consorcios de proyectos colaborativos como en los proyectos de prueba de concepto. Esta idea sería muy interesante para España toda vez que, de acuerdo con los mandatos de la OTAN, las inversiones en proyectos de defensa deben incrementarse de forma notable.
De forma transversal la Estrategia Nacional de IA, ENIA, debería dotarse de más fondos y hacerla extensiva a todos los sectores de la administración y de la sociedad, debiendo alcanzar su foco de actuación a todos los sectores económicos.
Finalmente hay que recordar los importantes recursos destinados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR, que es la plataforma que canaliza los fondos de Next Generation EU en España. Este plan que goza de un importantísimo presupuesto, 163.000 millones de euros, muestra disparidades entre comunidades autónomas, lo que puede afectar la equidad en el desarrollo regional. Hay además reformas pendientes como la simplificación administrativa y la siempre conflictiva coordinación con los gobiernos regionales.
Hacia un entorno más abierto a la innovación
La despoblación de muchas zonas rurales y del interior de la península es lo que ha venido en llamarse la España vaciada, donde poblaciones enteras de pueblos y aldeas han migrado hacia los núcleos urbanos con mejores posibilidades de progreso. Esta situación debería revertirse con un gran plan nacional que permitiera repoblar lugares, acondicionar viviendas, revitalizar la actividad local, y atraer inversiones. El teletrabajo facilitaría que los profesionales puedan vivir en estos lugares sin necesidad de trasladarse a la ciudad. Una nueva migración de personas pero en sentido inverso, es decir, de las ciudades a la España vaciada, sería posible y deseable.
El gran drama vivido este verano con los incendios forestales en media España pone de relieve el enorme abandono que sufren nuestros montes. Ganaderos y agricultores coinciden en señalar que el exceso de normativas dificultan la limpieza necesaria de nuestra masa forestal. Otra área donde sería necesario un gran plan nacional y una oportunidad para la creación de puestos de trabajo.
Combatir la emergencia climática requiere actuar en muchos frentes tanto en la industria como en la sociedad, con actuaciones como formación e inversiones. La transición hacia las energías renovables es un logro evidente en nuestro país, pero es una barbaridad cortar olivos para instalar paneles solares. Los desastres de las danas, cada vez más frecuentes, deben paliarse con las obras necesarias en los cauces de los ríos y de las cuencas hidrográficas.
El exceso de regulación en Europa es agobiante. Viene al caso el dicho popular que dice: Mientras Europa legista, Estados Unidos innova y China produce. El Reino Unido, que nunca formó parte de la Unión Monetaria Europea, aun manteniendo a la libra esterlina como su moneda propia, tampoco quiso formar parte de los excesos regulatorios de la UE y por todo ello devino el Brexit.
El problema de Europa es que coexisten las regulaciones europeas con las regulaciones de los 27 estados miembros lo que hace cada vez más difícil conseguir el ansiado mercado único. Un caso paradigmático es la regulación del automóvil que ha beneficiado a las empresas chinas en detrimento de las propias empresas europeas.
Además, algunas empresas chinas están fabricando en Europa acogiéndose a los beneficios de la UE, pero todos sus componentes vienen de China, disfrazando así sus proyectos como inversión extranjera. Pero la realidad es que se deja poco margen para la industria local. En consecuencia, la Comisión Europea debería tomarse muy en serio la reindustrialización de Europa, tal como sugiere el Informe Draghi, con el objetivo de ordenar la competencia, fomentar la industria local, y garantizar que la inversión extranjera también aporte valor en el entorno.
En España, además del exceso regulatorio, hay que añadir la burocracia endémica. La cohesión se complica con las 17 comunidades autónomas que muchas veces actúan como naciones independientes que, si bien acercan la administración al ciudadano, resultan un lastre para alcanzar el mercado único nacional.
La corrupción generalizada, que ha venido afectando a todos los gobiernos de nuestra democracia, altera las reglas del mercado, la libre competencia entre las empresas y modifica el precio final que paga una administración por un producto o servicio determinado, lo que implica que los ciudadanos deban aportar más impuestos por los mismos servicios. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, España baja cuatro puntos y diez puestos con respecto al de 2023.
Si, en muchas ocasiones, es cierto que nuestros políticos carecen de la formación necesaria y suficiente para gestionar tanto administraciones como empresas públicas, no es menos cierto que los asesores y altos cargos de los que se rodean también carecen, en muchos casos, de la adecuada formación. A veces porque no son funcionarios de carrera y otras veces porque son meras personas de confianza que pertenecen al mismo partido político. Qué conveniente sería poder disponer de escuelas de gestión pública al estilo del centro francés INSP (Institut National de Service Public).
Por último resulta imprescindible considerar el papel de los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, como agentes que moldean la percepción pública. Los grupos mediáticos y las grandes plataformas, categóricamente, deberían considerar temas tan relevantes para el motor de un país como son la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología, el impulso del tejido productivo, el emprendimiento o el desarrollo económico, en vez de favorecer narrativas simplificadas y contenidos que apelan a la emoción, además del exceso de información política a la que estamos demasiado acostumbrados.
En las sociedades más avanzados, los medios de comunicación forman parte de la infraestructura blanda de la competitividad del país: difunden conocimiento, promueven méritos empresariales y canalizan inversión hacia la innovación. En España, la comunicación económica está todavía lejos de convertirse en un verdadero motor del tejido productivo.
Las redes sociales son un importantísimo canalizador cultural del emprendimiento y de la innovación: transforman la comunicación empresarial, crean comunidades globales y difunden la mentalidad innovadora como valor social. Cuando las empresas las utilizan de forma participativa pueden comprender mejor las necesidades y motivaciones de las personas y desarrollar ideas junto a ellas, fortaleciendo el vínculo con su entorno. En cambio, pierden valor cuando se usan solo como medios de difusión masiva y unilateral, centrados en ampliar seguidores o visualizaciones.
En los países que lideran la economía de la innovación (Estados Unidos, Finlandia, Israel, Corea del Sur), las redes se usan estratégicamente para potenciar la conexión entre conocimiento, empresa y sociedad.
En España, son las grandes empresas y las pymes tecnológicas y microempresas las mejor posicionadas en el uso de las redes sociales, pero todavía hay muchas empresas medianas y pequeñas que están lejos de los usos deseables en una economía avanzada.
A modo de conclusión
El gran reto para el desarrollo económico de nuestro país es mejorar y ampliar el tejido empresarial, aumentando el número de empresas, innovadoras y tecnológicas, tanto del sector productivo como de servicios. Las administraciones públicas deberían tomarse muy en serio esta necesidad y adoptar medidas orientadas al crecimiento y fortalecimiento del tejido productivo innovador.
El fomento del emprendimiento debe ser una tónica dominante en las políticas públicas, pero sabiendo que el proceso comienza en las edades tempranas en escuelas y colegios para continuar en las etapas universitarias y de la formación profesional. La empresa no debe verse como un enemigo a perseguir sino un aliado para el desarrollo económico.
El esfuerzo en educación y formación es clave para dotar a empresas y administraciones del mejor capital humano posible. Los poderes públicos deben ser conscientes de que las empresas tecnológicas e innovadoras van a tener más éxito en un mercado cambiante cada vez más exigente, competitivo e internacionalizado.
Los medios de comunicación deberían tomar más en serio la información económica y la cultura del emprendimiento y visualizar los éxitos de nuestras empresas innovadoras.
El tejido empresarial español todavía debe profundizar en el uso profesional y colaborativo de las redes sociales para fortalecer su tejido innovador.
