El almacenamiento de energía ya no es cosa de películas futuristas, es una necesidad y una demanda actual. Y no lo digo yo, sino que las propias instituciones gubernamentales llevan tiempo señalándolo como el camino a seguir para hacer realidad el autoconsumo eléctrico, y, por ende, para lograr la transición energética en busca de un entorno más sostenible.

Pese a la importancia que tiene el fomento de este nuevo modelo energético, Europa no está logrando su objetivo. A principios del mes de abril, el Tribunal de Cuentas Europeo hizo público un documento en el que señalaba que la UE necesita apoyarse en el almacenamiento para cumplir con sus metas en materia de energía y clima. Los auditores encargados del estudio señalaron que uno de los problemas con los que se estaban encontrando es que su capacidad de fabricación de baterías ion-litio es insuficiente, de forma que su marco estratégico no está a la altura de los desafíos que se presentan en el panorama energético.

Pero, ¿por qué hace falta sortear este obstáculo para que todos los países miembros recorramos con éxito la senda de la transición? Las tecnologías de almacenamiento son una respuesta eficiente ante el alto flujo energético que presentan las fuentes de energía renovables en muchos lugares – entre ellos España, que por su geografía y sus condiciones climáticas es una localización muy proclive a aprovechar estas energías limpias –, y también ofrecen flexibilidad para regular el excedente de las mismas y maximizar su rendimiento.

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Sin estas baterías el autoconsumo no se puede alcanzar. Los hogares, edificios comerciales y las flotas de vehículos que deciden apostar por un sistema renovable deben tener a su alcance los recursos necesarios para incorporarlo, más ahora cuando la inversión inicial ya alcanza cotas muy competitivas. Dado el auge de la sostenibilidad medioambiental, si no se aumenta la fabricación de la tecnología de almacenamiento, corremos el grave riesgo de no cubrir la demanda y de no dar soporte a las políticas que están implantando los países miembros.

España es uno de esos países que están luchando por mejorar la situación. El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica en la región. A grosso modo y para contextualizar la importancia de su aprobación, la normativa, que tiene como objetivo impulsar e incentivar el autoconsumo renovable, establece que este consumo está exento de todo tipo de cargos, además de que reduce sus modalidades a dos: autoconsumo sin excedentes (sin vertidos de energía a la red) y con excedentes (con posibilidad de hacer vertidos a la red de distribución y transporte para compensar el déficit y el superávit eléctrico) y se reconoce, al fin, el autoconsumo colectivo en edificios o empresas.

La optimización de la inversión inicial, unida al ahorro en los cargos y a las compensaciones que trae consigo la nueva normativa, hace que la situación sea más favorable que nunca para abrazar el consumo sostenible. Asistimos a un momento único, en el que España empieza asentar las bases para su fomento y adopción, a pesar de que la UE se encuentre rezagada en sus objetivos, por lo que ahora es responsabilidad de todos - propietarios, comunidades, empresas e industrias- para sumarnos al carro de lo renovable, tanto por nuestro propio futuro económico como por el cuidado del medio ambiente.

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