Responsables de la administración pública consideran “necesaria” la digitalización absoluta

Administración pública digitalización

Hoy por hoy, la mayoría de la sociedad está conectada a Internet. El llamado entorno digital puede palparse desde cualquier casa, oficina o calle. Como no puede ser de otra forma, el sector público también está cambiando, y prácticamente el 100% de las operaciones con la administración se pueden realizar por vía digital. En el evento ‘Sector Público y transformación digital’ de Fujitsu World Tour (realizado en el DES 2016) se ha debatido sobre si es necesaria esta digitalización o no, ya que cierto espectro político de España considera que “no reporta beneficio económico alguno”.

Según una encuesta de Fujitsu en nuestro país, 1 de cada 4 empresas no tiene “ganas” de empezar a trabajar en proyectos de transformación digital debido a la incertidumbre económica surgida al adoptar este tipo de reformas. Un argumento que también se utiliza para negar esa necesidad en el sector público. Según Rafael Sánchez, director general de Investigación, Innovación e Infraestructuras de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, no se tienen resultados medibles, pero hoy en día, “la digitalización es imprescindible para la administración pública. Si hablamos, por ejemplo, de la sanidad, podemos decir que su sostenibilidad es compleja, ya que incluye muchos factores”. Hay que tener en cuenta los presupuestos: el 25% son recursos humanos, el 18% farmacias y el resto se destina al funcionamiento diario, del que solo un 1% va destinado a la tecnología propia de los hospitales. Sánchez insiste en una digitalización necesaria que repercutiría (positivamente) en todos los aspectos de la sanidad española, como la teleasistencia, los gestores digitales de la demanda en pruebas diagnósticas, etc.

Por otro lado, Carlos Simón, director general de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, está de acuerdo con la digitalización de la administración pública, si bien considera que “no todos los procesos pueden ser sostenibles en el tiempo. El sector público no está para servir como vanguardia tecnológica, está para dar un servicio eficiente”. De todos modos, cree que ahora (con el imperativo legal por el que, al menos, el 100% de los servicios también pueden hacerse desde un ordenador o un smartphone) todo va a mejor en la aceleración de servicios, algo que hasta hace pocos años era “impensable”.

En esta comparación sobre si lo privado o lo público debe ser la vanguardia tecnológica, Elena Liria, directora de Innovación y Transformación Digital de Servicios en la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, lo tiene claro: “debemos aprender del sector privado”. Ella apuesta por lo que denomina un “gobierno inteligente”, es decir, unos gobernantes que utilicen lo digital para dirigir los servicios públicos, mediante las herramientas del Big Data, “lo que nos permitirá ayudar mejor a la ciudadanía”.

Una de las preguntas del debate ha sido si nuestro gobierno debe ser abierto. No solo como sinónimo de transparencia, sino de participación ciudadana: pasar lo que llamaríamos un software libre a un nuevo modelo de democracia. “Los ciudadanos somos dos cosas: o copartícipes de lo que hacen los políticos, o unas cajas oscuras”, asegura Vicente Aguiló, director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana. “Que la ciudadanía tenga acceso a nosotros a través de la digitalización vuelve a dar credibilidad a la política y a las administraciones pública, algo que habían perdido”. Es por eso que Aguiló defiende que los ciudadanos puedan consultar todas las cuentas de sus respectivas regiones por Internet, así como comunicarse con ellas, ofrecer propuestas o rendir cuentas.

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