Formación Profesional

Por una FP de prestigio en una sociedad competitiva

Por Arturo García Ceva, Socio Director de Campus FP

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El Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional supone un impulso a una modalidad formativa que responde a las demandas actuales del mercado laboral y que puede ayudar a España a equipararse con otros países europeos. Un impulso necesario, aunque tardío, que de haber llegado antes hubiera contribuido a evitar algunos de los problemas endémicos en nuestra sociedad.

No se puede entender que hayamos tardado tantos años en dar estos pasos si no es desde una falta de visión de futuro que, finalmente, ha venido a recordarnos los deberes a golpe de datos. La tasa de graduados de FP en España todavía es del 12%, porcentaje muy alejado de la media de los países de la OCDE (25%) y más incluso del 29% de la UE. Sin embargo, estudios muy recientes cifran en un 40% las ofertas de empleo en España que requieren una titulación en FP.

Este desajuste se antoja difícil de asimilar en un país donde la tasa de paro entre los menores de 25 años asciende al 37,7%, más del doble que la media de la eurozona. Un país donde un 17% de los jóvenes dejan los estudios cuando, como mucho, han obtenido el título de la ESO. Igualmente alarmantes son las cifras de fracaso en Bachillerato, un 85% en 1º y un 82,8% en 2º, y más aún en la universidad, en la que uno de cada tres alumnos abandona los estudios, todo de acuerdo con datos del Ministerio de Educación.

Más allá de ideas erróneamente preconcebidas, el origen del problema reside también en una flagrante falta de orientación en los centros y en una inercia social a asociar el éxito educativo exclusivamente con la universidad. La FP tiene ahora la oportunidad de recibir el mismo y necesario impulso que la educación universitaria obtuvo en las últimas décadas del pasado siglo y de contribuir a articular, de este modo, una sociedad más integradora y con mayores oportunidades.

A pesar de todo, hay mucho trabajo ya hecho. La Formación Profesional ha ganado poco a poco prestigio y solidez gracias a la apuesta de las administraciones y, especialmente, a la labor de los centros y profesionales que ya han formado a generaciones de jóvenes en perfiles con altas competencias y capacidades en todos los sectores, desde los que se pueden considerar más primarios hasta los más avanzados, como los relacionados con las áreas de la salud o, más recientemente, con las llamadas STEM.

Cabe dar la bienvenida ahora a la voluntad de consolidar por ley de algunas prácticas que, de manera más individual, ya veníamos desarrollando con resultados muy exitosos y cuya extensión al conjunto de los centros, ya sean públicos o privados, reforzará sin duda la credibilidad ganada en este terreno.

Destaca, en primer lugar, la llamada a una mayor participación de empresas y agentes sociales en el diseño, desarrollo, evaluación e innovación de la Formación Profesional, para asegurar su carácter dual y el circuito de trasferencia de conocimiento entre formación y empresa. La experiencia nos muestra que esa comunicación fluida con la empresa permite adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades, contar con profesionales en activo dentro de las aulas y ofrecer a los estudiantes la oportunidad de poner en práctica sobre el terreno los conocimientos adquiridos.

Otro de los aspectos clave apunta a la imprescindible convergencia con los sistemas de formación profesional de la UE y terceros países, para favorecer de este modo la internacionalización y la movilidad transnacional. Esta faceta de la formación, irrenunciable en un mundo globalizado, afianzaría programas ya en práctica como el Erasmus + o los cursos que algunos centros desarrollamos a través de acuerdos concretos con instituciones de otros países.

Pero quizás la punta de lanza de toda la propuesta del borrador de ley sea la articulación de un modelo de formación profesional, de reconocimiento y acreditación de competencias y de orientación profesional basado en itinerarios formativos facilitadores de la progresión en la formación y estructurado. Sencillamente, supone un cambio radical a la hora de entender la formación a lo largo de la vida.

Esto es en lo que algunos venimos trabajando desde hace tiempo, mediante la oferta de títulos, dobles títulos, cursos de especialización e internacionales que permitan a un estudiante ir diseñando sus estudios en una trayectoria en la que casi inmediatamente adquiere las habilidades y competencias profesionales para trabajar, mientras que puede a la vez decidir continuar su formación incluso hasta la universidad. Ahí radica la apuesta por la FP como una opción de valor para el empleo, la progresión académica y la cooperación entre los sistemas de formación profesional y universitario.

No en vano, el propio texto señala como crucial y determinante para la trayectoria académica y la formación a lo largo de la vida la relación entre las enseñanzas de formación profesional y enseñanzas universitarias. Una colaboración que podrá formalizarse mediante acuerdos que permitan la incorporación en los currículos de partes de módulos o de materias correspondientes a las otras enseñanzas en forma de complementos formativos, la colaboración puntual de ambos equipos docentes e, incluso, el uso ocasional de las respectivas instalaciones.

El hecho de que el texto legal haga mención expresa a nuevas formas de enseñanza como la semipresencial revela su adecuación a las nuevas necesidades formativas, que se han hecho más evidentes en estos tiempos de pandemia en los que algunos centros ya hemos hecho también un notable esfuerzo de adaptación en este sentido. 

Son todos pasos, en definitiva, en la dirección de poner en valor la FP en España como una opción de prestigio para la formación y una solución real a los problemas de fracaso escolar y desempleo que sufren nuestros jóvenes, por un lado, en un mercado laboral con dificultades para encontrar los perfiles adecuados. Pasos imprescindibles para mirar al futuro con firmeza y  optimismo.

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