infancia, educación, BID

Por Cecilia Vaca Jones – Esta columna fue publicada originalmente en el blog Primeros Pasos del BID.

Las cosas han cambiado para miles de niños en situación de vulnerabilidad y pobreza. Las tasas de desnutrición, por ejemplo, se han reducido a la mitad, y la mortalidad infantil en menores de 5 años ha disminuido.

El crecimiento económico y el incremento en la inversión social de las últimas décadas en América Latina han permitido estas mejoras significativas en la reducción de la pobreza. Quizás uno de los hitos más importantes en el marco de este incremento de la inversión social, se relaciona a la relevancia que los Estados de la región han dado a las políticas y programas dirigidos hacia la primera infancia. Esta inversión resulta una gran conquista en el ámbito de las políticas de protección social.

Por ejemplo, la Declaración de Bogotá, liderada por Juan Manuel Santos y firmada por 11 países, propuso una Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, logrando el compromiso político de asegurar la calidad de los servicios de desarrollo infantil, así como el fortalecimiento de la gobernanza en este sector. Este punto es clave porque los compromisos hechos en cuanto a inversión monetaria y de servicios deben mantenerse a largo plazo, independientemente de la rotación del sector público o los cambios de gobierno.

Los cambios políticos amenazan los avances conseguidos

Solo este año, 7 países de la región atraviesan procesos electorales; la mayoría ya lo ha hecho y los que quedan por definir dejan muchas interrogantes aún en el aire. Por ello, el gran reto de los próximos meses será sostener la voluntad política de los gobiernos para la inversión en la primera infancia. 

Los cambios políticos actuales nos obligan a recordar los avances logrados en políticas públicas relacionadas a la primera infancia en años recientes, pues sería dramático y supondría un grave retroceso que los nuevos gobiernos no los asuman ni sostengan.

Con diferentes grados de avance e importantes desafíos pendientes, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, entre otros, han logrado contribuciones significativas en materia de regulación, inversión y definición legal y política para la primera infancia.

Retamos a nuestros gobiernos a comprometerse

Es importante que los nuevos gobiernos ratifiquen su compromiso por la primera infancia y den continuidad a los programas ya ejecutados.

Por ello es urgente que las políticas y programas de primera infancia en la región se conviertan en políticas de estado cuya sostenibilidad en el largo plazo permitan el impacto y calidad que nuestras sociedades merecen. Los gobiernos deben incorporar en sus agendas la creación de sistemas de desarrollo infantil integral que estén regulados y puedan resolver problemáticas que afectan a los más vulnerables.

Además, los nuevos gobiernos de la región deben esforzarse por mejorar estos sistemas, fortaleciendo las políticas y programas de primera infancia que siguen siendo una inversión social urgente. Recordemos que los primeros mil días de vida, incluyendo el período de gestación y los dos primeros años, son fundamentales para garantizar un adecuado desarrollo cognitivo, emocional y físico.

Los nuevos gobernantes deberán jugarse por una inversión que privilegie al ser humano y deberán poner especial énfasis en mejorar las debilidades de cada uno de los sistemas en la región. Los distintos sistemas o estrategias de primera infancia, implementadas por varios sectores, deben perseguir el objetivo de que las niñas y los niños menores de 5 años se desarrollen a plenitud recibiendo servicios de calidad para su salud, educación, nutrición y cuidado.

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estas estrategias deben hacer esfuerzos conjuntos con las familias, principales responsables del cuidado y la crianza de niños y niñas. Además, los Estados deben mejorar la articulación entre los servicios públicos y privados, los distintos niveles de gobierno, la academia y la sociedad civil. La región debe hacer una apuesta importante en los procesos de capacitación y formación permanente para el personal de todos los servicios de primera infancia.

En un contexto de menor espacio fiscal, es todavía mayor la urgencia que adquiere este tema en el momento político que vive la región. Sostener la implementación de las políticas públicas sociales dirigidas hacia la primera infancia y profundizar su fortalecimiento y mejora es prioridad esencial.

Mejorar las oportunidades y capacidades desde el inicio de la vida permitirán una verdadera ruptura del círculo de la pobreza dentro de las familias. Confío en que los nuevos gobernantes priorizarán esta inversión en sus planes de gobierno.

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