Ana Polanco, Presidenta de AseBio

La Ley de la Ciencia y la reforma fiscal, una ventana de oportunidad para impulsar la I+D del sector biotecnológico

Por Ana Polanco, Presidenta de AseBio

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El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente iniciar los trámites que conduzcan a la aprobación de la ley que modifica la Ley 4/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que, entre otros objetivos, pretende impulsar la transferencia de conocimiento.

Esta cuestión es clave para lograr que el nivel científico de nuestro país, que para el caso del sector biotecnológico es excelente puesto que ocupa el noveno lugar en el ranking mundial de producción científica, se vea reflejado en la innovación basada en conocimiento con, entre otros factores, el impulso de la creación de start-ups. Esta Ley también va a ser fundamental para lograr el objetivo enmarcado en el Pacto por la Ciencia que propone un gasto público del 1,25% del PIB en I+D+i y un gasto total en I+D+i del 3% del PIB en 2030. Para lograr estas metas, el gasto privado debe alcanzar al menos el 1,75% del PIB lo que supone el aumento de un punto del PIB sobre su nivel actual. Por ello, esta Ley junto con la reforma fiscal que el gobierno también acaba de poner en marcha con la constitución de un Comité de 17 expertos en materia tributaria, deben facilitar un entorno con estímulos fiscales que faciliten la actividad innovadora de sectores estratégicos para la recuperación económica.

El sector biotecnológico, intensivo en conocimiento y a la cabeza de la inversión en I+D, con un 5,5% con respecto a su producción, puede jugar un papel clave en este proceso. Para lograr el objetivo de inversión en I+D+i marcado por el Pacto de la Ciencia, desde AseBio, que tiene como un eje de trabajo prioritario la mejora del marco normativo y ejecutivo de las actividades de I+D+i con el fin de aumentar la competitividad, y partiendo del diagnóstico del Informe “Propuestas para incrementar la competitividad del sistema español de incentivos a la I+D+i” , propone una serie de medidas. El marco general de estas medidas tuve ya ocasión de presentarlo en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social cuyas conclusiones han sido ampliamente recogidas en el Plan de Recuperación del Gobierno de España.

Debemos partir del hecho de que el sector biotecnológico es uno de los más intensivos en I+D+i y de que los plazos de ejecución de los proyectos de investigación son largos, por lo que es muy sensible a aspectos como la accesibilidad a ayudas a I+D+i, la deuda acumulada por créditos blandos o el grado de aprovechamiento de incentivos fiscales. Asimismo, la inversión pública puede jugar un papel tractor de la inversión privada. Por ello, debemos acometer una serie de reformas para que las inversiones sean más eficaces, con un mix de subvención y crédito adecuado a la madurez e impacto de los proyectos priorizando el acceso a las pymes y con un marco regulatorio y de incentivos que impulsen la colaboración público-privada. En el marco de las reformas económicas en desarrollo, y en particular la futura reforma fiscal, me gustaría destacar tres grupos de medidas.

En primer lugar, las empresas biotecnológicas pueden ser una palanca para impulsar la inversión en I+D+i. Para ello, las ayudas públicas se deben diseñar para que sean más eficaces para apoyar la I+D frontera y adecuadas a las características de empresas de alta intensidad en I+D+i con, por ejemplo, el establecimiento de un marco de ayudas específico para las empresas biotecnológicas, una mayor dotación de subvenciones frente a préstamos, un calendario estable y una simplificación de los procesos. Debemos también moderar los criterios que restringen el acceso a las ayudas públicas reduciendo y flexibilizando las garantías financieras y modificando la actual definición de empresa en crisis. También sería necesario reducir el período de cobro de las ayudas y facilitar el acceso de las pymes y de las empresas sin beneficios a los incentivos fiscales a la I+D+i.

En segundo lugar, en consonancia con las prácticas implantadas en países como Irlanda, Reino Unido, Italia o Francia, es importante ampliar el uso del crédito fiscal de modo que se pueda utilizar para el pago de otros impuestos, seguros sociales o impuestos de ejercicios anteriores.

En tercer lugar, debemos poner en marcha las medidas necesarias para incrementar la competitividad del sistema de monetización de la deducción fiscal con foco en los plazos y eliminando aquellas limitaciones que han restringido su uso como el requisito de mantenimiento de empleo y la renuncia al 20% de la deducción y otros requisitos que restan seguridad en la aplicación del incentivo, tratando de definir procedimientos más ágiles. Países como Alemania, Australia o Canadá ya han puesto en marcha algunas de estas medidas con resultados positivos.

Con estas propuestas, basadas en buenas prácticas de los países de nuestro entorno queremos contribuir al debate nacional sobre cómo definir un marco competitivo más atractivo a la inversión directa para atraer más iniciativas innovadoras que contribuyan a la recuperación económica del país.

La recuperación económica vendrá de la mano del impulso de sectores estratégicos como el sector biotecnológico que tiene un impacto económico de más de 8.200 millones de euros, un 0,7% del PIB, genera 105.000 empleos en actividades intensivas en conocimiento y supone importantes flujos de ingresos al Estado con 1.150 millones de euros de recaudación fiscal.  No dejemos pasar la oportunidad de seguir impulsando todo el potencial de este sector e incorporemos su voz en las reformas fiscales que nuestro país debe acometer.

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