La Asociación Forestal de Soria acaba de ser galardonada con el prestigioso “Elinor Ostrom Award” por su aportación a la revitalización de los montes de socios. Elinor Ostrom, fallecida en 2012, obtuvo el Premio Nobel en Economía por su histórica aportación a los bienes comunales frecuentemente invisibles entre el culto a lo privado o el monopolio del Estado.

Los principales recursos de titularidad colectiva local son precisamente los bosques, pastizales extensivos, el agua de regadío y la pesca de bajura. España es un país con una extensa superficie forestal, en una buena parte pastable, que ocupa el 55% de su territorio. De esta extensión, cerca de un 40% es de titularidad colectiva que, por el prolijo devenir de nuestra historia, ha evolucionado hacia múltiples formas jurídicas que van desde la propiedad municipal, al uso comunal sobre propiedad municipal, montes vecinales en mano común y montes de socios. De las dos primeras, la mayoría están incluidas en el Catálogo de Utilidad Pública y se consideran formalmente públicos mientras que los otros dos se consideran como privados. Esta importante extensión se ubica precisamente en las zonas de montaña coincidiendo con aquellas donde el problema de despoblación es más acuciante.

La aportación soriana está centrada en la última, los montes de socios, la figura más desconocida y olvidada. Cuando en la Desamortización de Mendizábal el Gobierno obligó a enajenar los bienes comunales por un mero afán recaudatorio – aplicaba una tasa del 20% para la Hacienda pública -, algo bien alejado de la reforma agraria promovida por Jovellanos unas décadas antes, una parte de los pueblos optó por concurrir a las subastas para recuperar su patrimonio abonando la correspondiente tasa.

Obviamente la propiedad dejó de ser pública, pasando a privada a partes iguales entre todas las familias residentes en el pueblo pero manteniéndose la unidad indivisible. Pasadas las generaciones, emigración y sucesiones junto a la baja rentabilidad forestal han generado una ingobernable situación en estos montes que se estiman ocupan 1,5 millones de hectáeas, especialmente en el noreste de la Península.

Si reconocemos que el elemento diferencial de los pueblos es su capacidad organizativa, el reto se encontraba en poner en valor las bondades de una propiedad colectiva local, especialmente por inclusividad y economías de escala, a la vez que se compensan mediante innovación organizativa los déficits de gobernanza y gestión identificados. No debe obviarse el contexto de envejecimiento y despoblación extremo en el que se ha trabajado. La incorporación de aquellos exlugareños emigrados ha sido una de muchas aportaciones originales que han resultado claves.

La positiva experiencia ahora galardonada se alinea con la evidencia más sólida observada en los países tropicales más amenazados por la deforestación, donde la gestión local es la mejor garantía de la continuidad de sus recursos naturales y freno a la deforestación e incendios, por encima incluso que áreas protegidas.

Abordar el reto de poner en valor los espacios forestales de titularidad colectiva no puede ser únicamente el esfuerzo ímprobo de unos pocos sino que requiere de una prioridad política sostenida que incluya la adecuación de nuestro marco jurídico a la sociedad del siglo XXI, compartir experiencias similares dentro y fuera de España, adecuar la fiscalidad y, en general, empoderar a la población local para que devenga la verdadera protagonista de su destino. Si queremos abordar seriamente la despoblación resulta imprescindible abordar la reconstrucción social de nuestro patrimonio forestal colectivo.

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