Chile lucha contra el comercio ilícito con un observatorio pionero en América Latina

Presentación del Observatorio de Comercio Ilícito (Foto de aduana.cl)
Presentación del Observatorio de Comercio Ilícito (Foto de aduana.cl)

El 59 por ciento del software instalado en Chile durante 2014 no tenía licencia. La piratería en internet representa el 90 por ciento de todo el consumo de música en el país. Para luchar contra estas prácticas, que afectan a otros muchos productos (desde cosméticos, a cigarrillos, pasando por libros, vestuario o juguetes, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) ha puesto en marcha el Observatorio de Comercio Ilícito.

Dicho organismo ha sido presentado este martes, con la presencia del fiscal nacional, Jorge Abbott; el director General de la PDI, Héctor Espinoza; el general Juan Irigoyen; el director de Seguridad Privada y Control de Armas de Carabineros de Chile, Maximiliano Santa Cruz, y el director del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual INAPI, Javier Uribe Martínez, entre otras autoridades.

Se trata de una iniciativa pionera en el país y en América Latina que busca (a través del trabajo conjunto de instituciones público-privadas, además de las industrias afectadas) aunar esfuerzos, con el fin de generar información relevante que permita crear políticas públicas que combatan esta problemática.

Amenaza al orden público

“El comercio ilícito se traduce en acciones como el contrabando, la piratería y los abusos a la propiedad intelectual”, afirma Ricardo Mewes, presidente de la CNC. “Se trata de una problemática grave porque afecta a nuestro país en términos económicos y sociales”. Y añade: “A través de este observatorio, como Cámara Nacional de Comercio, queremos ser un referente en la discusión pública sobre este tema porque estamos seguros que la cooperación y la acción coordinada con las distintas instituciones nos permitirá controlar el impacto de esta actividad ilícita, reducir la delincuencia asociada y todos los perjuicios que acarrea”.

En su opinión, “el comercio ilegal es una amenaza al orden público y produce una competencia injusta hacia los negocios formales”. “¿Qué garantías tiene para los usuarios, por ejemplo, un software pirateado? ¿Qué se puede exigir de una prenda falsa, o de un libro de la calle, por cuya compra muchas veces ni siquiera recibimos boletas? ¿Sabemos los riesgos que puede traer, incluso para nuestra salud un cigarrillo o un cosmético falsificado?”, se pregunta Mewes.

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