Antonio Romero de la llana la importancia de los datos en la administración pública
Antonio Romero de la Llana durante un acto reciente. (Imagen: Sofía Calero).

Recientemente las operadoras de telefonía han procesado la información y los datos requeridos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para llevar a cabo el mayor estudio realizado hasta la fecha, en todo el continente europeo, sobre movilidad ciudadana.

El objetivo, obtener información veraz y relevante sobre los desplazamientos habituales de la población y, en base a éstos, identificar qué servicios públicos deben prestarse o reforzarse y dónde hacerlo; así como identificar los principales déficits de infraestructuras y poder tomar las medidas para suplirlos.

A pesar de la enorme polémica generada tras el anuncio del acuerdo alcanzado por parte de INE con los principales operadores, no se trata de un estudio novedoso en cuanto a la información obtenida, ni mucho menos.

Durante años, el organismo público ha elaborado seguimientos de este tipo mediante un enorme despliegue de encuestadores telefónicos y con un coste económico de gran alcance, especialmente si tenemos el cuenta el desfase que existía entre la realización de las encuestas, la publicación de los resultados y la activación de estrategias y políticas públicas para suplir las carencias detectadas.

Saber qué hacemos como ciudadanos anónimos es una necesidad para poder mejorar nuestra calidad de vida y el nuevo procedimiento va a permitir que la toma de decisiones por parte de la Administración Pública sea mas ágil, más eficaz y hasta 5 veces más barata.

Por lo tanto, no deja de sorprenderme, la falta de determinación con la que desde la propia Administración se ha defendido el cambio de procedimiento por parte del INE. Al publicarse en prensa la existencia de un acuerdo similar de Fomento con Orange, las primeras palabras desde el Ministerio fueron negar la compra directa de datos.

Si, tal como obliga la legislación vigente, los datos entregados por las telefónicas al INE o a la consultora “intermediaria” contratada por Fomento, se entregan anonimizados, ¿por qué no defender los procedimientos mediante la divulgación de los mecanismos utilizados?, ¿por qué  no explicar qué se hace y para qué?

Incluso la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) optó por la desconfianza al conocerse que será una institución pública la que usará estos datos; una práctica, por otro lado, extendida desde hace años, en el ámbito público, con acciones casi idénticas del Ayuntamiento de Barcelona o el Consorcio de Transporte de Zaragoza; y, desde luego, en la empresa privada.

Bancos, aseguradoras, eléctricas o supermercados llevan lustros usando unos datos que les ayudan a definir su oferta por barrios. ¿Por qué dudar de las intenciones de la administración, obligada a proveer a sus ciudadanos de infraestructuras y servicios para mejorar su calidad vida y no cuestionar los intereses de las empresas que llaman a nuestra puerta para ofrecernos productos y servicios comerciales?.

Normalicemos, también en la administración,  el uso de la tecnología como herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos y hagámoslo desde la educación, la divulgación y la trasparencia. ¿Cómo vamos a conseguir de otra manera la confianza en un sistema legal que de verdad nos protege? Solo así podremos dejar de valorar este tipo de acciones desde la delgada línea roja que separa la sorpresa, la admiración y la fascinación de sentimientos opuestos como la indignación, el enfado y el miedo.

Confío en que la polémica suscitada al raíz de la incorporación del Big Data a los procedimientos del INE sirva para que el propio Instituto sea capaz de hacer públicos los resultados de este estudio poniendo en valor las ventajas diferenciales de haber modificado los procedimientos; y, desde luego, para que las administraciones encargadas de aplicar sus conclusiones a la toma de decisiones lo hagan de manera honesta, rápida y con conciencia ciudadana. 

Es obvio que al acuerdo con las telefónicas le seguirán otros con bancos, eléctricas, etc., que son a su vez clientes de las primeras. Aunque el uso de los datos en beneficio del ciudadano es una herramienta para convencer, seamos capaces de hacerlo pero no dejemos de generar confianza por el camino. No nos olvidemos del proceso y confiemos todo al fin, ya que si los medios son lícitos -que lo son- debemos exigir a quienes los usan que sean capaces de explicarlos.

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