EN EL PUNTO DE MIRA

Las cifras de la economía española apuntan de forma clara y concisa a que España está en proceso de superación de las dos grandes crisis –financiera y euro- en las que se ha visto inmersa en los últimos siete años y así lo atestiguan tanto sus niveles de crecimiento del PIB como la progresiva caída de las tasas de desempleo.

Sin embargo, no hay organismo ni foro que se precie que no repita, de forma reiterada, la necesidad de que España continúe con su política de reformas estructurales si quiere consolidar el crecimiento y alcanzar tasas de desarrollo cualitativo que asegure a España un razonable lugar entre los países que en el futuro se situaran a la cabeza de las lista de naciones ricas. Rajoy, que lo sabe, no hace nada más que repetir cada vez que tiene oportunidad que hay que continuar con las reformas y que hay que “seguir trabajando” coletilla, esta última, que repite como un autómata y nunca desarrolla.

Pese a ser consciente de todo ello, una especie de fatiga reformista parece haberse apoderado del gobierno lo cual se ve acrecentado por el hecho de que los años electorales no son buenos para emprender nuevas aventuras reformistas.

Unos y otros, foros y organismos, están convencidos de que las reformas estructurales resultan imprescindibles para alcanzar unos niveles de crecimiento no solo elevados, sino sostenibles.

En su tercera visita de supervisión a España por parte de la Comisión Europea y el BCE, tras el programa de rescate bancario, los técnicos no discutieron los logros obtenidos por la economía española como resultado de las reformas estructurales introducidas, aunque en ello había tenido una considerable influencia la consolidación fiscal, la recapitalización de los bancos, la caída del precio del petróleo y la depreciación del tipo de cambio del euro, que son ajenos a los planteamientos reformistas del gobierno Rajoy. Por eso, Bruselas pide más esfuerzo en materia de creación de empleo (entre los jóvenes y parados de larga duración), en contener el reciente deterioro de la balanza por cuenta corriente (vinculada a la desaceleración del mercado exterior) y el cierre de algunas reformas por terminar como la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado o por complementar como la Reforma Laboral u otras importantes por introducir como las referidas a servicios y colegios profesionales.

Las advertencias y avisos proceden de distintos ámbitos y uno de los últimos lo ha protagonizado la directora gerente del FMI que avisaba que para que la economía mundial no entre en lo que calificaba como de una “nueva mediocridad”; o sea, una baja tasa de crecimiento durante mucho tiempo, eran necesarios nuevos estímulos al crecimiento económico que exige políticas a favor de la demanda más eficaces y reformas estructurales.

Tampoco se quedaba atrás el secretario general de la OCDE en su visita a Japón, país que lleva dos décadas con una débil tasa de crecimiento, con inflación persistente, con una preocupante disminución de la población en edad laboral y con un estancamiento de la productividad, que le lleva en un nivel prácticamente sin cambios desde 1990 y cada vez más lejos de la media de la OCDE.

En concreto, la OCDE le propone al país asiático acciones que promuevan la participación laboral de la mujer -una de las más bajas de los 34 países que componen este organismo-, como modificar las normas fiscales que favorecen la retirada de las madres trabajadoras del mercado laboral o promover esquemas que apoyen la maternidad.

De igual manera, la OCDE destaca la necesidad de que el gobierno japonés apoye la creación de nuevas empresas, ya que Japón es “uno de los países donde la profesión de emprendedor es menos atractiva” para terminar recomendando que aumente la participación de los trabajadores extranjeros, así como la movilidad y la flexibilidad de su mercado laboral.

En España, la preocupación por la parálisis que parece haber invadido al gobierno Rajoy en materia reformista, va en aumento y las voces críticas en este sentido proceden de muy diferentes ámbitos que van desde el Banco de España que ha alertado de los riesgos de rendirse a «la fatiga» a la Comisión Europea que ha pedido que no se levante el pie del acelerador, pasando por el presidente del banco Sabadell que reclama la reforma en la administración del estado. Impuestos, gasto público, sistema financiero, energía, mercado único, mercado de trabajo, productividad, pensiones, natalidad. Se ha avanzado mucho, pero la obra está inacabada.

Entre las propuestas realizadas hasta ahora en este sentido, quizá la más ambiciosa, por completa, procede de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cuyos integrantes elaboraron en su momento una lista, convertida en libro, que muy bien podría ser la referencia para éste o cualquier otro gobierno.

Entre las muchas medidas propuestas por Fedea están el aumentar el control parlamentario y reforzar la independencia de los organismos regulatorios; asegurar la solvencia de las administraciones públicas; reducir la incidencia de sobrecostes en contratación pública mediante mecanismos como la subasta; la introducción de evaluaciones independientes en las universidades, fomentando fusiones de universidades y la desfuncionarización del profesorado, o la modernización de los sistemas de selección y de evaluación del rendimiento en la administración pública.