OPINIÓN

Antonia Picornell-Lucas, profesora de la Universidad de Salamanca y responsable de la Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación de los Derechos de la Infancia.

El paradigma informacional de la sociedad en red en la que nos hayamos se nos ofrece como una oportunidad para fortalecer las instituciones en general y, en concreto, las que trabajan en el campo de la infancia. Compartir investigación, recursos y resultados desde los mismos intereses científicos permite una gestión generadora de valor, por lo que la Unión Europea ha puesto en marcha el programa Horizonte 2020 con la finalidad de fortalecer los cambios sociales.

Pero, si se pretende una armonización y una efectividad global en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los niños-as, esto ha de traducirse en relaciones de cooperación transnacionales; fenómeno que ha experimentado un acelerado desarrollo en la segunda mitad del siglo XX, desde el ámbito político al económico, cultural, educativo, y en la actualidad al campo social. Por otra parte, los países iberoamericanos han fortalecido su desarrollo científico y tecnológico, logrando también importantes avances sociales; y de ahí que la sinergia entre España e Iberoamérica pueda constituir una estrategia para trabajar por la cohesión social, como garantía de los derechos de la infancia.

El I Congreso Internacional de Trabajo Social, en abril del 2014, en Murcia, será una oportunidad para presentar la creación de un espacio común construido desde el compromiso social universitario ante la necesidad de responder a los nuevos retos y demandas sociales. En este acto tendrá lugar la firma del acta fundacional de la Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación de los Derechos de la Infancia (REDIDI), que surge con el afán de fomentar el acercamiento del conocimiento entre los círculos I+D, el Estado y la iniciativa de la sociedad civil. 

Son varias las organizaciones, públicas y privadas, que se han interesado por fortalecer la comunicación y el trabajo científico en el área del bienestar infanto-juvenil y, en consecuencia, por incorporarse a la Red. Pertenecen a países como Brasil, Chile, España, México, Panamá y Portugal.

Se trata de un proyecto innovador dentro del área de las Ciencias Sociales que aspira a proporcionar un servicio a todos los niños-as: transformar su situación de vulnerabilidad poniendo en práctica sus derechos. Su misión consistirá en fomentar una ciudadanía internacional mediante la transferencia de conocimiento; es decir, impulsar un cambio sociocultural para promocionar los derechos de los niños-as desde la simbiosis de las estructuras democráticas y los movimientos sociales activos, de adultos y niños-as –un ejemplo de movilización infantil son los NATS-. 

Dentro del plan estratégico de este proyecto destaca el estudio de la situación internacional de las políticas sociales de protección a la infancia, desde un enfoque de derechos, con el objetivo de construir propuestas de mejora. Para ello se identificarán las líneas de interés (educación, violencia doméstica, salud, castigo corporal, trabajo infantil, participación infantil…)  para que, desde cada realidad y de manera transversal, los miembros de la Red puedan profundizar por medio de nodos o unidades básicas de investigación. Esta suma de esfuerzos permitirá fortalecer a las instituciones participantes, trasladando la investigación a los entornos reales y, en consecuencia, haciendo posible el respeto de los derechos de la infancia.

Para el análisis y seguimiento de las actividades de la Red, y desde la construcción de un punto de partida, se promoverá un proceso metodológico de trabajo colaborativo y comunicación corporativa por medio de servicios de información tecnológica, con herramientas presenciales (encuentros anuales, grupos de discusión…) y virtuales (bases de datos, audiovisuales, publicación científica, comunidades online, videoconferencias, web, mail, e-learning…). Esta estrategia dará lugar a la creación de una plataforma para el intercambio de buenas experiencias, la movilidad de investigadores, doctorandos y profesionales, en definitiva, la difusión social del conocimiento, así como la posible creación de una bolsa de trabajo. Se trata de aumentar la competitividad para asegurar que los derechos de los niños sean sostenibles.